Cuando un ministro de Energía decreta que su primer ejercicio como ministro finalizaría sin déficit de tarifa, uno piensa que cualquier osado puede ser nombrado máximo responsable de la política energética del país. Eso no sería novedad después del paso por la política de nombres como Ana Mato o Bibiana Aído, si no fuera porque de la planificación energética del Estado dependen las posibilidades de recuperación del país, de las familias, de las empresas, a pesar de que algunas medidas adoptadas por el Gobierno las ponen en serio riesgo. Sin duda que el profesor canario hereda un sistema energético capaz de asustar a cualquiera, debido al error histórico de Rodrigo Rato de crear la tan dañina figura del déficit de tarifa, pero en lo que se refiere a su propia gestión, las soluciones aportadas empeoran el escenario. Pues si bien es cierto que las energías renovables se ven frenadas, la falta de una reforma del mercado energético limita la utilización de la generación más económica y eficiente como pudiera ser la del carbón importado (a cuyas centrales recientemente renovadas, el Gobierno las abandona a su suerte ante una directiva de emisiones injusta e irracional), capaz de generar un un megavatio por menos de 40 euros, y se da prioridad a tecnologías como la termosolar cuyo aprovechamiento nos cuesta más de 400 euros por megavatio. Esta apuesta por la ineficiencia, al contrario de lo que han hecho los países más industrializados del entorno, conlleva consecuencias, la mayor subida del gasto energético en hogares de toda Europa, y la puesta en peligro tanto del comercio, que tiene enormes dificultades para sobrevivir ante las subidas impositivas, y la factura de la luz, de la que llegan a prescindir para reducir el consumo, como del propio tejido industrial, en el que se dice ganar competitividad con las bajada de salarios, mientras hasta en cinco ocasiones en los últimos años la ha perdido a través del encarecimiento de peajes e impuestos a la energía, o como irresponsablemente asistimos al recorte salvaje de primas a las cogeneraciones industriales, sin distinguir las especulativas de las necesarias, poniendo en peligro cientos de miles de puestos de trabajo en la industria del país.
Urge un pacto de Estado sobre la energía, el momento exige que los partidos tomen conciencia de la situación insostenible de muchos hogares y empresas, que dependen de que se huya de la demagogia y de los prejuicios, con el único fin de ser capaces de ofrecer al país una energía, eficiente y sostenible económica y medioambientalmente.