Hay una chica deportista de Santander que fue víctima de las preferentes, como tantos miles y miles de personas y de familias españolas. Al descubrir cómo se habían esfumado sus ahorros, le cambió el carácter, como a los demás estafados. Empezó a bajar su rendimiento en la pista, entró en depresión, vio arruinada su carrera y terminó en el psiquiatra. De pronto, vio una luz: si existe justicia, se dijo, no podrá permitir que unos banqueros desaprensivos terminen así con mi vida. Y acudió a los tribunales, y los tribunales le dieron la razón: la entidad bancaria no solo le devolverá su dinero, sino que deberá indemnizarla por los daños psíquicos y físicos causados.
Mi mujer, que conoció la noticia al mismo tiempo que yo ante el televisor, se alegró por la chica, pero expresó un lamento: ¿Cuánta gente habrá en España que sufrió los mismos daños y no puede ni se le ocurre reclamar? Todos los demás, le dije. De una forma u otra, se dañó a todos los afectados. Y algo peor: los perjuicios psicológicos habrán sido inversamente proporcionales al nivel de renta de los estafados. Los ricos, que también invirtieron en preferentes, han notado menos el impacto de la estafa. Los más necesitados han recibido el golpe de su vida y, encima, no tienen reflejos ni medios para un buen acceso a la Justicia, ni pueden demostrar ni contabilizar el daño que les han causado. También en eso hay clases sociales y desigualdad ante la Justicia.
Un Estado que merecería el calificativo de social sería aquel que demostrase sensibilidad ante esos casos. Sería aquel que, al saber que se había producido la estafa de las preferentes, hubiese tomado la iniciativa y hubiese salido en defensa de las víctimas, antes de que los daños no fuesen solamente económicos. Y el nuestro, que solemos definir como Estado social y democrático, hizo exactamente lo contrario: renunció a entrar en esos comportamientos de mala praxis bancaria y a castigar a sus autores, complicó el mecanismo de recuperación del dinero como si defendiera a los estafadores, y no tenemos noticia de que haya ayudado a las víctimas. Al revés: en nombre del sagrado orden público, envió a los guardias a reprimir a quienes reclamaban sus derechos. El poder político siempre se inclina a favor del poder económico, como si fuesen una sociedad poco anónima.
Esa es la lección que deja el caso de la chica deportista de Santander. Ella obtiene una indemnización porque podía demostrar el daño que le habían causado. Todos los demás se conforman con recuperar lo invertido. La Justicia institucional funciona bien. Para los ocupantes del resto de las instituciones públicas, la palabra justicia solo es un concepto para usar en el mitin electoral.