Lo más entretenido del último robo de dinero público es la reacción de los políticos. Los acusados, en este caso los socialistas gobernantes en Andalucía, arremeten contra el Ministerio del Interior, al que acusan de haber filtrado la noticia. «Una vergüenza», dijo un cargo del PSOE, cuando la vergüenza debería ser que alguien robe o permita que se robe. «Que la presidenta acuda de inmediato al Parlamento», exigió el candidato del PP, que no exigió lo mismo cuando un parecido robo de fondos para la formación de parados fue descubierto en la Comunidad de Madrid.
Lo más sorprendente es cómo los medios informativos manejan los importes. Pueden ser 2.000 millones de euros o decenas de millones de euros, da igual. Esas cantidades a bulto están publicadas en los periódicos de ayer. Desde ese inmenso abanico de dinero se llegó a decir que estábamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Puede que sea verdad, o puede que no. Lo cierto es que se le ha perdido el respeto al dinero, y recibe el mismo tratamiento de escándalo una pequeña cantidad, posible, o una cantidad descomunal, probable.
Y ahora ya veremos en qué juzgado cae la instrucción del caso. Como caiga en manos de la jueza Mercedes Alaya, la de los ERE, ya podemos armarnos de paciencia y esperar años. Y no porque la señora jueza sea lenta, sino por la cantidad de asuntos que instruye, que parece el juez Ruz, y porque no está dispuesta a dejar ni a delegar nunca nada aunque se ponga enferma.
Hechos estos prolegómenos, estamos ante un nuevo escándalo, qué le vamos a hacer. Y con un hiriente oprobio: mucho o poco, se robó dinero de los parados en la región que más paro produce de Europa. Por los indicios, todo funcionó como una trama: coincidieron la ambición de unos ciudadanos que eran más estafadores que empresarios, la participación necesaria de los sindicatos y quizá de alguna patronal y la dejación de las autoridades, que no establecieron los mínimos mecanismos de control. Hay casos donde el 90 % de estas ayudas a la formación se dieron sin exigir la menor comprobación.
Ahora, recordando un reciente escándalo en Madrid (once detenidos y la patronal CEIM salpicada), cabe preguntarse si la apropiación indebida de los fondos de formación está generalizada. Cabe preguntarse también por qué el reparto y la administración de ese importante dinero (miles de millones en todo el país) no los lleva el propio Gobierno. Y la única que tiene respuesta es la Comisión Europea, que preguntó por qué son tan poco eficaces las políticas de empleo: porque no existen; porque roban su dotación; porque parecemos una república bananera donde los poderosos corruptos se quedan con la ayuda internacional.