Es cierto que la deriva secesionista protagonizada por los nacionalistas catalanes es una deslealtad. Es tan cierto que el referendo acordado por el Parlament sería inconstitucional si se convocase unilateralmente, que ha solicitado del Congreso de los Diputados que le delegue la competencia para celebrarlo. El Tribunal Constitucional lo ha confirmado al negar que Cataluña sea «un sujeto político y jurídico soberano». La Constitución es clara: la soberanía reside en el pueblo español y no se reconoce el derecho a la autodeterminación. Con ese recordatorio no se resuelve el problema inconstitucionalmente planteado. No basta con tener razón; se precisa una adecuada estrategia para convencer. Hay que evitar dar pasos que proporcionen material dialéctico al otro. Y sobre todo conviene distinguir quiénes son ese otro que parece sin fisuras, cuando las hay.
Para empezar, habrá que recordar que CiU votó en contra de la autodeterminación en el debate constituyente; lo contrario de ERC. Están unidos en el «derecho a decidir», pero se han separado para las elecciones europeas y en la propuesta de una declaración en memoria de Adolfo Suárez en el Congreso. Habría que ahondar en las razones para esa separación. Acudir al rescate de CiU, aunque parezca sorprendente e injusto. Al seguir el radicalismo de ERC, CiU se está alejando de su trayectoria como partido y de su clientela electoral más estable. La historia ayuda a comprenderlo. Basta con retrotraerse al período republicano. Quien protagoniza las acciones independentistas, incluso contra la República, es ERC. De alguna manera Convergencia Democrática recoge el testigo de la Lliga de Cambó. En las decisivas elecciones de 1936 aparece en el grupo del centro que intentó el presidente Alcalá Zamora. ERC está claramente integrada en el Frente Popular.
En esa estrategia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional me parece inoportuno, porque da pie para que sea controvertida su misión, erosionada su autoridad en Cataluña a causa de la sentencia relativa al Estatut. El calendario a seguir era sencillo. El Congreso de los Diputados debía contestar a la dialécticamente respetuosa petición del Parlament sobre delegación de la competencia para celebrar el referendo, que con acierto se ha adelantado para el 8 de abril. La contestación no puede ser más que negativa, Constitución en mano. El recurso interpuesto en su día de un modo precautorio quedaba sin objeto. No había necesidad de pronunciamiento por el TC. Con él se ha alimentado la presunción de que responde a un acuerdo político. De un lado porque una parte no esencial del pronunciamiento parece una recomendación al diálogo; de otro porque ese añadido, que ha permitido a algunos magistrados progresistas sumarse a la mayoría, se corresponde con lo que sostiene el PSOE por presión del PSC sobre un derecho a decidir distinto del planteado. No es de extrañar que los nacionalistas, en su táctica, hayan tachado de política la sentencia.