El sábado 25 de enero, el BOE publicó el primer decreto ley del año. En él se recogen los aspectos sobre Seguridad de los ferrocarriles comunitarios que las leyes aprobadas anteriormente para trasponer la directiva europea 2004/49/CE del mismo nombre, no habían recogido y que por ello nuestro país fue expedientado por la Comisión Europea.
La citada directiva, entre otras exigencias, contempla en su artículo 21 que cada Estado miembro dispondrá de un organismo de investigación de accidentes y que «dicho organismo será independiente, en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria, organismo de tarifación, organismo de adjudicación y organismo notificado y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el cometido confiado al organismo de investigación. Será asimismo funcionalmente independiente de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador de los ferrocarriles» (apartado 1). Y que «El organismo de investigación realizará sus cometidos con independencia de las organizaciones mencionadas en el apartado 1 y se le dotará de los recursos suficientes al efecto. Se conferirá a sus investigadores un estatuto jurídico que les otorgue las garantías necesarias de independencia» (apartado 2).
En España, la red ferroviaria de interés general (la de alta velocidad y la convencional) la diseña, construye, supervisa y mantiene el Ministerio de Fomento o su empresa dependiente, el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), apoyándose en su propio personal y en contratos con empresas consultoras, constructoras y de montajes. También en nuestro país, la propiedad y explotación del parque de trenes lo efectúa Renfe-Operadora, dependiente de Fomento, apoyándose en su propio personal y en contratos con empresas fabricantes de trenes o de mantenimiento de los mismos. En ambos casos, las empresas, así como su personal, quedan vinculados a Fomento, ADIF o Renfe por razones obvias.
Visto lo anterior, ¿quién posee en España titulación, conocimientos y experiencia capaces de analizar, interpretar y concluir las causas sobre el accidente de Angrois? ¿Va a dar credibilidad la autoridad judicial a las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes?
Xosé Carlos Fernández es Ingeniero técnico de Obras Públicas.