El pasado 9 de febrero el pueblo suizo estaba una vez más convocado a las urnas, para decidir sobre la «Iniciativa contra la inmigración masiva». Rechacé con mi voto y mi acción política esta iniciativa, pero creo que es necesario que explique las circunstancias que han llevado a su aprobación, desde mi punto de vista, indeseable.
En primer lugar hay que constatar que el resultado de esta votación en España, Alemania, Inglaterra u Holanda hubiera sido el mismo, o incluso peor. Precisamente el hecho de que los suizos se puedan expresar libremente y hayan tomado esta decisión debería de dar mucho que pensar a los políticos de otros países que saben que sus ciudadanos piensan igual, pero no tienen voz. En muchos aspectos la voz de los suizos ha abierto debates y brechas para los otros europeos, que no gozan de los instrumentos de participación necesarios. El distanciamiento entre la gestión política y la voluntad de los ciudadanos nunca es bueno, y Suiza, con su posibilidad de opinar, debería de servir de termómetro para otros Gobiernos europeos que saben o suponen que sus ciudadanos hubieran decidido igual.
En segundo lugar hay que ver lo que se votó concretamente. Suiza aprobó unos acuerdos bilaterales con la UE hace más de una década, en una época en la que la Unión eran 15 Estados, luego pasó a tener 25, después 27 y hoy ya son 28. Es natural que la presión migratoria haya aumentado al pasar la UE de tener 350 millones de habitantes a tener más de 500 millones.
Por otro lado, no existe ningún país en la tierra que tenga una política de inmigración sin límites. En los últimos días he leído que hay gente que dice que esta decisión viola los derechos humanos. No existe un derecho humano a inmigrar en Suiza, ni en España, ni en Japón. Evidentemente sería hermoso que Suiza, Alemania, España o Finlandia pudieran acoger a todos los pobres del mundo y darles trabajo, pero lamentablemente no es posible. No obstante, Suiza se ha comprometido mediante el tratado a acoger a todos los europeos que deseen inmigrar y encuentren trabajo. Esto es un sistema perfecto, tanto para los ciudadanos de la UE como para la economía suiza, y por eso funciona. Por supuesto era sumamente injusto para los ciudadanos de Senegal, Turquía, Estados Unidos o Argentina, que no gozaban de los mismos privilegios. Una de las consecuencias a las que Suiza se tendrá que atener es a que la UE, en vista de una posible fractura del pacto sobre la libre circulación de personas, decida romper los demás acuerdos o negarse a negociar los acuerdos que estaban previstos en otras materias.
Hay que tener en cuenta que en Suiza, a pesar de su bajo índice de desempleo y de su buena situación económica, existen problemas reales y en esta votación se han mezclado con miedos irracionales. No cabe duda de que el aumento anual de 80.000 personas en un país tan pequeño puede causar miedo y, sobre todo, problemas logísticos y de infraestructuras. Recordemos que Suiza tiene 200 habitantes por kilómetro cuadrado (en España son menos de cien), a pesar de que una gran parte del país es inhabitable porque son lagos, glaciales y sobre todo Alpes. Esta sensación de angustia y limitación física, acompañada de situaciones límites en ciertas infraestructuras (ferrocarril, autopistas...) que no se conocían antaño, han llevado a que una parte de la sociedad (sobre todo de izquierdas y ecologista) haya dicho «basta ya».
Por otro lado, muchos trabajadores, tanto suizos como inmigrantes residentes aquí, temen que la inmigración tenga un efecto negativo sobre los salarios, lo que hizo que una gran parte de los sindicalistas y trabajadores estén seriamente preocupados por el desarrollo de la inmigración y muchos de ellos votaran sí.
Estos grupos de izquierdas, sindicalistas y ecologistas se sumaron a una parte del centroderecha, siempre crítico con la UE, que se siente limitado en su soberanía popular al ver que Suiza, a pesar de no pertenecer a la UE, cada vez tiene que asimilarse más y aceptar las normas que dicta Bruselas en unos procesos poco democráticos y en los que Suiza no tiene (lógicamente) ni voz ni voto. Por último engrosó el frente del sí esa ala de derecha y ultraderecha que existe en cualquier país y que suele tener un auge en momentos de crisis con sus explicaciones simples y sus argumentos xenófobos.
Como en todas las cuestiones políticas, no hay blanco y negro. Ni los suizos son en un 50,3 % racistas, ni tampoco son unas pobres víctimas de la UE. Se han dado unas circunstancias excepcionales que han llevado a una escasísima mayoría de los ciudadanos a decidir que no pueden mantener las fronteras abiertas para todos los ciudadanos de la UE. Desde mi punto de vista, esto fue un gran error, ya que el mercado regulaba bastante bien la entrada de inmigrantes europeos gracias al requisito de tener un contrato de trabajo o de conseguirlo en pocos meses. No obstante, los ciudadanos han hecho uso de su derecho de decidir y gestionar su país y es una decisión vinculante para su Gobierno y respetable. De ninguna manera esta decisión vincula a la UE, por lo cual, esta ahora tiene que reaccionar y defender sus intereses igual que el pueblo suizo ha decidido defender los suyos. La UE no está obligada a negociar ni a ceder y, por otro lado, la economía suiza no va a renunciar a la mano de obra necesaria, de modo que va a cambiar poco o nada. Lo que sí ha cambiado es la imagen de Suiza, que con una decisión en parte comprensible se ha expuesto a durísimas críticas. El malestar de muchos suizos es en parte justificable, pero el portazo al mundo es como mínimo poco elegante, aunque al final no cambie nada.
Daniel Ordás es Abogado.