La principal estrategia de la oposición contra el anteproyecto de ley del aborto fue descarada desde el principio: dividir al PP y mantener el asunto en los medios afines para suscitar la apariencia de un debate social. Parece que han conseguido las dos cosas o, al menos, la segunda: embarrar un supuesto diálogo con descalificaciones gruesas y ya muy manoseadas que permiten eludir el verdadero problema de fondo: si procurar la muerte de un no nacido nos incumbe, si dice algo sobre nosotros y nuestro sentido de la dignidad humana o si estamos ante una decisión puramente particular, privada, en la que el Estado no debe meterse.
Con la ley de Zapatero ocurrió lo contrario: el PSOE calló, rehuyó el debate en los medios y en el partido, se mantuvo unido y la aprobó sin cambios -ni siquiera aquel del consentimiento familiar para las menores-, ni diálogo, ni especial respaldo social: las encuestas de la época reflejaban un notable disgusto, al final, mayoritario, con el proyecto de ley. Carecen, por lo tanto, de autoridad moral para hablar ahora de imposición y falta de consenso.
Claro que eso no legitima al PP. Podría legitimarlo la defensa de los principios humanistas que dice representar. Debería explicarlos, sin miedo a decir que para ellos es más progresista proteger a los indefensos que matarlos, más progresista evitar un sistema anticonceptivo salvaje, más progresista considerar tan valiosa la vida de un discapacitado como la de cualquier otro. Podrían haber optado por la unidad y el silencio, como el PSOE, o por la unidad y explicaciones articuladas. Pero de momento se han quedado en la desunión y el balbuceo.