Tendemos en España a mitificar nuestro pasado reciente. Y probablemente hagamos bien. Basta comparar la noche oscura del franquismo de la que venimos con el lugar en el que nos encontramos hoy para concluir que algo habremos hecho bien. Pero conviene no exagerar. La transición fue un éxito indudable, atribuible a un país harto de verlo todo en blanco y negro y de que los abuelos contaran batallitas de la Guerra Civil cuando los visitábamos los fines de semana. Pero ni tuvo esa épica de la concordia que ahora nos colocan los periódicos en sus suplementos dominicales, ni fue un ejemplo de modales democráticos del que podamos presumir o, mucho menos, exportar a sitio alguno.
La redacción de la Constitución, sin ir más lejos, no fue un modélico trabajo de consenso político en el que cada punto y coma se debatiera en asamblea antes de ser aprobado por aclamación. Más bien al contrario, el texto final es el resultado de un navajeo político no exento de sucias jugarretas por parte de algunos de los que libraron esa partida política. Hay que recordar, por ejemplo, ahora que tanto se habla del nulo respeto a las formas democráticas, que Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno de Suárez, y Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, lo negociaban casi todo a solas y físicamente fuera del Parlamento, para luego servir platos precocinados a las minorías. Y también que los nacionalistas ya se comportaban entonces con la falta de lealtad e insolidaridad que demuestran ahora. El PNV, por ejemplo, después de someter a los demás grupos a presiones tremendas y acabar consiguiendo que se cediera en casi todo lo que exigía, terminó por defender la abstención en el referendo. Sin lograr, por cierto, que la del País Vasco, que fue del 54,5 %, superara a la de Ourense, del 59,4 %, la mayor de España.
Si se tiene en cuenta que esas jugarretas políticas se producían cuando urgía aprobar una Constitución democrática en un país en el que todavía se escuchaba el ruido de los sables, asusta pensar en el escenario al que nos enfrentaríamos ahora si se intentara aprobar un nuevo texto constitucional. El resultado sería probablemente el mismo. Es decir, dos partidos mayoritarios cocinándolo todo de espaldas al resto y los nacionalistas tratando de obtener ventajas para, una vez conseguidas, denostar al día siguiente lo que se pactara entre todos. Y eso, sin tener en cuenta que, una vez desaparecida la presión para aprobar cuanto antes un marco legal, nos embarcaríamos en una larguísima reyerta política tan dañina como estéril, que dividiría aún más a los españoles. La Constitución, ya se sabe, tiene grandes defectos y enormes lagunas. Pero su mayor virtud fue conseguir ser aprobada. Nada nos garantiza ahora un éxito similar. Podemos acabar rompiendo la que tenemos. Y, parafraseando a Calvo Sotelo, con perdón, prefiero una Constitución coja antes que rota.