La población residenciada en España suma hoy 46,7 millones de personas. Pero ¿qué incidencia tienen las políticas presupuestarias del Estado y las autonomías sobre determinados colectivos diferenciados? Seis son los colectivos que en principio debemos considerar.
Uno es el integrado por la población menor de 16 años (7,5 millones de personas). Estamos ante un colectivo dependiente que sufre el desempleo y la reducción de ingresos familiares, además de recortes en servicios públicos (educación, cultura, deportes, sanidad...). Son daños que apenas padecen los hijos de familias con rentas medias o elevadas, pero sí la mayoría de los niños y adolescentes. El segundo colectivo dependiente son los pensionistas. Su composición es diversa: por jubilación (5,4 millones); por viudedad (2,3 millones); por incapacidad permanente (0,9 millones); por orfandad (0,3 millones); por razones diversas (0,1 millones). En total, 9 millones de personas que hasta ahora solo recibieron bofetadas del Gobierno. La diferencia entre la población total (46,7 millones) y la población dependiente (16,5 millones) es de 30,2 millones de personas que ahora pasamos a considerar.
El tercer colectivo lo forman los ocupados, que incluye a trabajadores por cuenta ajena, autónomos y profesionales. En total 16,8 millones de personas, donde los asalariados (públicos y privados) son la gran mayoría y los grandes perdedores, sin menoscabo del empobrecimiento que sufren también autónomos y profesionales. Los colectivos cuarto, quinto y sexto incluyen a parados (6,0 millones), desanimados (5,2 millones) y a un resto complejo cuantificado por diferencia (2,2 millones). Los parados padecen situaciones dramáticas y algunos acaban en la economía sumergida. Los desanimados no constan en registros públicos, pero se estiman en 5,2 millones de personas. Aquí se contabilizan los estudiantes, las amas de casa que no trabajan ni tienen incentivos para registrarse, además de emigrantes y sumergidos sin prestación alguna. El resto es un magma formado por extranjeros residentes en España con recursos o pensión exterior, amas de casa sin cotización suficiente viviendo con sus maridos, pensionistas o no, discapacitados, etcétera.
Como es fácil apreciar, estamos ante una información relevante. Conocer nuestra ubicación en la sociedad presente y futura es clave para defender la dignidad humana. Los perdedores no pueden desorientarse nunca. Las personas con rentas medias también conocen su declive. Solo el privilegio crece y concentra en pocas manos la riqueza. Por eso el presidente Rajoy no sabe ni contesta. Y por eso Montoro no publica la lista de grandes defraudadores que prometió el pasado año. Su frágil memoria no deja de ser otro insulto insoportable.