L as encuestas coinciden en que el PP, con el 31 % de los votos válidos, retrocedería unos 14 puntos en elecciones generales en España, y que la participación rondaría el mínimo histórico del 55 % del censo. Coinciden también en señalar que IU/ICV ha progresado hasta el 13 %, ganando electores del PSOE del año 2011, mientras que UPyD alcanzaría el 10 % al incorporar a más de 700.000 votantes de Rajoy de aquellas elecciones. Concretando más, el PP obtendría 138 escaños; el PSOE, 102; la coalición IU/ICV, 34; UPyD conseguiría 22 escaños, y otras candidaturas los 54 restantes. Su detalle es este: CiU, 12; ERC, 11; Amaiur, 7; PNV, 6; Compromís, 5; Coalición Canaria, 3; Anova, 2; Ciutadans, 2; Foro Asturias, 1; Geroa Bai, 1; CUP, 1; PSM, 1; el PRC de Revilla, 1 y Equo, 1.
El PP de los 186 diputados que exhibe Rajoy es en realidad de 138, por lo que está situado a 38 escaños de una mayoría absoluta que no alcanzaría aunque contara con el apoyo de los 22 diputados que obtendría UPyD. El PSOE tampoco llegaría a los 176 escaños aunque recibiera el voto de los 56 diputados que sumarían IU/ICV y UPyD. Con este reparto principal no hay más cálculo posible, porque UPyD no negociará con nacionalistas para apoyar al PP o al PSOE, y viceversa.
Aquí ya solo suman el PP con el PSOE, igual que en Grecia lo hacen el Pasok con Nueva Democracia y en Italia la coalición de Berlusconi con el Partido Democrático. Y es la suma final, porque destruye el sistema de la izquierda y la derecha, que ya ha quebrado en el endeudado sur de Europa. Desde el momento en el que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP para investir al presidente del Gobierno, recibirán el voto de los electores que antepongan los compromisos adquiridos con la UE a cualquier otro asunto, como la duda sobre el propio pacto con el rival histórico. No todos los votantes de Rubalcaba y de Rajoy estarían dispuestos a compartir objetivos, aunque IU/ICV y UPyD recuperarían a algunos de estos discrepantes, retroalimentando el sistema.
Enfrente, una parte de los electores defraudados por los partidos políticos regresarán de la abstención para darle el voto a una nueva candidatura ciudadana, y esto lo reflejarán las urnas en las elecciones europeas del año próximo. No puede ser de otra forma, porque el recurso del PSOE a la nueva legislación hipotecaria ante el Constitucional lo es de quien protegió durante décadas los intereses de los bancos frente a los de las personas, como certificó la reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE). No se sostiene que la iniciativa de Stop Desahucios la lidere un político de la transición tan despreciado por las masas como lo es Rubalcaba, y por esto Ada Colau necesita voz propia en el Parlamento Europeo y un buen número de diputados que acorrale a la detestada clase política en el Parlamento español. Se dan las condiciones para que se dimensione en España una candidatura alternativa a todo en cuestión de semanas, como en semanas lo hicieron Syriza y el M5E.