En las Administraciones territoriales (comunidades autónomas, diputaciones y municipios), el espacio fiscal propio es un factor decisivo para el funcionamiento correcto de las mismas. El espacio fiscal propio se configura a través de la capacidad normativa que tienen los Gobiernos respectivos para establecer, eliminar, modificar y gestionar sus tributos. Esto permite aplicar políticas tributarias distintas, diseñar patrones alternativos de cargas fiscales, así como cuantificar la aportación financiera que realizan los ciudadanos por los servicios públicos que reciben. Todo ello es imprescindible para la convivencia y la política, aunque todavía pueda molestar a partidos y ciudadanos. Por eso, desconfíe usted de los políticos que solo hablan de impuestos para eliminarlos, reducirlos o condenarlos. El coste de sus promesas también lo pagaremos todos, aunque exista todavía una legión de distraídos que no quieren enterarse.
El espacio fiscal propio de los municipios gallegos es relevante y desigual. Oscila entre el 60 % de los ingresos presupuestarios en las ciudades y el 28 % de cifra media en los municipios menores de 5.000 habitantes. Su importancia cuantitativa depende de la base económica del municipio (capacidad fiscal), así como de las decisiones adoptadas sobre tipos, tarifas y desgravaciones (esfuerzo fiscal), incluyendo la gestión. Pero como la subvención inhibe al impuesto, interesa saber qué subvenciones reciben los municipios con esfuerzo fiscal mínimo, o si la Administración otorgante conoce el espacio fiscal propio de la entidad subvencionada. Porque si los alcaldes entienden que reducir impuestos es defender mejor los intereses vecinales, los que otorgan subvenciones están obligados a dar explicaciones pertinentes a los contribuyentes que las pagan.
En el debate sobre la financiación autonómica apenas se habla de estas cosas. La obsesión es conseguir más pasta del Estado vía tributos cedidos o transferencias. La capacidad normativa se utiliza aquí para reducir los impuestos más visibles (IRPF, patrimonio neto, sucesiones y donaciones), aumentando los de percepción compleja (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Por eso interesa medir y publicitar cada año el saldo fiscal resultante de estas decisiones autonómicas. Sin transparencia ni responsabilidad fiscal, Gobiernos y ciudadanos acaban siempre en el paternalismo y en el clientelismo político, circunstancia que daña o destroza la eficiencia, la equidad y la razón democrática.
No mencionamos a las diputaciones provinciales, porque su espacio fiscal propio sigue siendo todavía el 2 % de sus ingresos presupuestarios. Aquí solo existen transferencias, subvenciones, endeudamientos y, en ocasiones, algún personaje pintoresco.