Un número, un clima y una palabra definen hoy el estado de la nación postrada. El número es el de seis millones de personas. El clima, el de la depresión, la estupefacción, el antagonismo y la rabia. Y la palabra, indescriptible, es paciencia.
¿Paciencia?
Inaceptable.
Desde que comenzó la etapa de destrucción social que se ha convenido en definir con el eufemismo de crisis, los españoles han dado exageradas muestras de resignación y de confianza. Se pusieron en manos de quienes prometieron atajar definitivamente la incompetencia de anteriores gobernantes y aceptaron sus fórmulas para sacar el país de la deriva. Pero todo lo que ha ocurrido desde entonces, por muy bien intencionado que fuese, no solo no ha servido para revitalizar la sociedad y la economía, sino que las ha condenado a una triple quiebra.
En primer lugar, una quiebra económica. Con la capacidad de financiación eliminada de cuajo y el consumo reducido casi a términos de supervivencia, la mayor parte de las empresas españolas, desde las pequeñas y medianas a las que en otro tiempo fueron sólidos imperios, luchan denodadamente por no cruzar las líneas rojas que llevan a la debacle. Muchas las han sobrepasado ya.
La consecuencia más visible y más sangrante para el país (aunque no la única) es esa inasumible cifra de seis millones de personas que no tienen posibilidad de hacerse cargo de su propia vida, porque su único capital -preparación, capacidad de esfuerzo, talento- es hoy inaccesible para las empresas, diezmadas por la abrupta caída de los ingresos.
En segundo lugar, padecemos una crisis de ideas. O si se quiere expresar más rotundamente, una crisis de valentía. Tanto este Gobierno como el anterior han aceptado obedientemente el dogma impuesto por la dictadura del euro (es decir, de Merkel) que consiste, sencillamente, en empobrecer más y más al pueblo para financiar la usura internacional y adorar el tótem de la reducción del déficit. Ni un solo estímulo, ni una sola disensión en la línea marcada por quienes viven ajenos a los problemas reales de la gente real.
Y a consecuencia de la quiebra económica y de la quiebra de ideas, llama a las puertas la peor de todas: la quiebra social.
La falta absoluta de perspectivas, unida a algunos errores inaceptables -como el fraude de las preferentes- y muchos comportamientos punibles -como las conductas corruptas de tantos políticos-, está haciendo fecundar el huevo de la serpiente. Tras la desafección que trajo consigo el inicio de la crisis, está ya amenazando el presente la ruptura de la cohesión social, como revelan cada día los enfrentamientos callejeros y la virulencia que empieza a reinar en los ámbitos públicos. Y eso, pese a que nuestra historia nos demuestra que la senda de la rabia y el odio es el peor camino que puede tomar una sociedad civilizada. Y el más rápido para dejar de serlo.
Luchar contra esa ruptura y remontar la triple quiebra debiera ser la prioridad nacional. Para ello se requieren muchas virtudes, pero entre ellas, aunque esto disguste al presidente del Gobierno, no está la paciencia.
Paciencia ya han tenido los ciudadanos viendo cómo se hunden sus expectativas, cómo crece el desempleo, cómo se cierran comercios y empresas, cómo desaparecen sectores enteros, cómo se ejecutan desahucios, cómo emigran los jóvenes incluso muy preparados, cómo se recortan los sueldos, cómo se reducen las prestaciones, cómo se agotan las reservas en los bancos de alimentos.
Paciencia ya han tenido también viendo cómo se quedan sin discurso ni respuestas ni liderazgo los partidos políticos, cómo crecen los comportamientos intolerables alrededor del presupuesto público, cómo se cruzan los sobres y se usan las influencias, cómo se aprovechan los sindicatos y los que viven solapadamente del erario, cómo se protegen y se benefician los poderosos.
No es paciencia lo que se le puede pedir hoy a España, sino inconformismo. No es cobardía ni pereza lo que se debe esperar del Gobierno, sino diligencia.
Diligencia para hacer aflorar el crédito, el consumo y la producción. Diligencia para responder a las demandas de los españoles. Diligencia para cumplir el programa electoral, en lugar de traicionarlo con más subidas de impuestos y cerrojazos a la iniciativa privada. Diligencia para ahorrar de una vez reformando la aparatosa Administración, que se ha multiplicado por diecisiete y continúa creciendo hasta la deformidad, al tiempo que se enflaquece el servicio público.
Pero, en lugar de afrontar estos retos, tantas veces demandados desde esta tribuna, el presidente del Gobierno, sus pacientes ministros y no pocos Ejecutivos autonómicos prefieren contemplar solazadamente el huracán, mientras toman decisiones en la dirección contraria: engordan las diputaciones, mantienen el imposible mapa de ayuntamientos, toleran televisiones propagandísticas, engrosan las nóminas de asesores, rebajan servicios útiles como el malogrado de la dependencia y, entre una decisión y otra, continúan incrementando la sangría al ciudadano.
Si el Gobierno y la desnortada y descabezada oposición se planteasen un compromiso real con España, deberían dejar de obsesionarse con sus verticales caídas en la intención de voto. Porque no resulta difícil descubrir por qué cada vez más votantes les huyen.
Los abandonan porque no aportan soluciones. E incluso muchos los identifican con el problema. Y lo hacen porque no los ven capaces de fraguar lo que todos demandan: un gran pacto para superar la situación de emergencia nacional. Un pacto de Estado que cohesione y redirija la acción política a un solo fin: volver al crecimiento.
Para ello se necesita diseñar una política común que favorezca la inversión y la contratación, con la vuelta del crédito, el ajuste de la fiscalidad y el estímulo al mercado interno y a la exportación. Se precisa también reformar a fondo la Administración para que deje de ser la pesada e ineficiente losa que los españoles soportan como contribuyentes y padecen como ciudadanos. Y repensar las leyes laborales para incentivar la contratación en lugar del subsidio.
Pero antes de las medidas concretas que desgranan a diario los expertos, el cambio más radical debe darse en la actitud de los agentes políticos. No es con puñetazos en el escaño ni con retórica triunfalista ni con anemia en la oposición como se contribuye a superar el desastre. Es necesario comprometerse a aunar las voluntades y trabajar el consenso. Dejar de medir la acción política con la moneda de la rentabilidad electoral y centrarla, por una vez, en el servicio al país.
Porque con cada empresa que cae, con cada trabajador que va al paro, la enfermedad de España se agrava.
Galicia, en concreto, lo vive cada día, con suspensiones de pagos que parecían impensables, sectores estratégicos agonizando en el mar, el campo y la industria, cierres masivos en el sector servicios y pérdida de poder adquisitivo en cada casa.
Los ciudadanos no pueden esperar más. Y el Gobierno y los demás agentes políticos deberían ser los primeros en entenderlo. Porque ellos son los primeros responsables del desastre.
Si aún no viven en la enajenación, deberían actuar. Ya. Urgentemente. Es imposible esperar más. Por eso es inaceptable la paciencia.