En un mundo globalizado y desregulado, el fatídico paraíso fiscal es pieza clave para entender los duros cambios sociales que se producen a nuestro alrededor. Son cambios alimentados por un extenso fraude fiscal que ignora principios constitucionales ante la indiferencia de los Gobiernos. El paraíso fiscal daña al Estado democrático, quiebra la justicia tributaria y destroza la cohesión social. En España, este fraude se aproxima al 25 % del PIB (250.000 millones de euros), del que el 70 % se esconde en paraísos fiscales. Ello significa que la Hacienda pública pierda 80.000 millones de euros al año, situación que explica, en gran medida, la debilidad del presupuesto público y su incapacidad para atender las exigencias del Estado social. Y así nace el último acto de una lamentable escenificación teatral. Un acto que se desarrolla de la siguiente manera: advertidos los mercados financieros (bancos y fondos) de que las Administraciones públicas no tienen dinero para realizar su actividad, se ofrecen para financiarlas bajo ciertas condiciones (calificación por agencia de rating y reforma constitucional específica). Verificadas ambas cosas, fluye el dinero del paraíso y ejecuta tan altruista función.
Por eso el coste de la deuda es ya el gasto presupuestario más relevante. Se produce así un trasvase cruel de recursos que empobrecen a unos y enriquecen a otros. En el trasvase pierden los trabajadores, los pensionistas, las pymes, los estudiantes, los enfermos, los parados, los niños, las mujeres maltratadas, etcétera. Y ganan los banqueros, los grandes empresarios, los rentistas y algunos políticos. El resultado final de este proceso diabólico, donde el presupuesto y el delito tributario casi siempre están presentes, explica en gran medida el desorden social que padecemos.
Según el protocolo de déficit excesivo, el endeudamiento de la comunidad gallega al finalizar el año 2012 era de 8.228 millones de euros (14,6 % del PIB de Galicia), lo que supone duplicar la deuda existente al finalizar el año 2008. Este endeudamiento se computa en la UE y difiere de la deuda autonómica por anticipos excesivos y de la deuda empresarial por contratos de colaboración público-privados. Aunque todas sean deudas que pagan los contribuyentes.
En acto reciente, el presidente de la Xunta decía orgulloso que Galicia ya coloca toda su deuda pública en los mercados financieros tradicionales. Una estrategia que debemos mantener -añadía- subvalorando el laberinto económico que nos maltrata. En página distinta del mismo diario se añadía que la Xunta recortaba el 25 % de los fondos destinados a cuidar las mujeres maltratadas, porque alguien estimó una demanda en el 2013 sensiblemente inferior a la del año anterior.