Cuando parecía que la época de los grandes disparates de la deconstrucción europea iba quedando atrás, de pronto ha llegado la inefable decisión del Ecofin que introduce una leva sobre el ahorro chipriota. Motivos para hablar de shock no faltan: con el fin de aplicar una dura cirugía sobre una economía que representa apenas el 0,2 % del PIB de la eurozona, se ha adoptado una decisión que hurga precisamente en la herida que más duele en el continente: la desconfianza generalizada sobre los sistemas bancarios. O sea, que ha acabado por ser cierta la afirmación del BCE (que en este asunto parece haberse comportado bastante más sensatamente que los ministros de Finanzas): en los bancos chipriotas hay un riesgo sistémico.
El problema es que se ha creado un precedente sobre la inseguridad del ahorro -el grande y el pequeño- que probablemente origine nuevos y penosos episodios de pánico, y las consiguientes fugas de capital en el conjunto europeo. Porque si el seguro de depósitos y la garantía del Estado no permiten evitar la inmovilización del ahorro, ¿cómo evitar las colas masivas ante los bancos para retirar fondos en el caso de un eventual anuncio de dificultades de un gran banco, en cualquiera de los grandes países de la eurozona? Todo ello ocurre, además, cuando después de una fase muy difícil de inestabilidad financiera, parecía que esta remitía. Ahora, sin embargo, parece más que probable que retorne un importante grado de inestabilidad a los mercados.
Pero al margen de sus perversos efectos externos, la decisión de gravar a posteriori -no sobraría la expresión «a traición»- el ahorro chipriota, es de imposible justificación en términos tanto económicos como morales. El pequeño ahorro -que a última hora podría librarse- no es en absoluto responsable de los desmanes cometidos por los bancos: al contrario, es su víctima. Si se quería ejecutar una acción ejemplificadora sobre los excesos de las finanzas, ahí estaban para llevarla a cabo, en primer lugar, los miembros de los consejos de los bancos, y luego, por este orden, los accionistas y bonistas. Y por otro lado, el argumento de que una parte de los depositantes son rusos que han invertido en Chipre buscando ventajas financieras y fiscales es totalmente insuficiente, pues aunque se hable de un 30 %, no deja de ser una minoría: si eso era lo que se quería atajar, ¿no hubiera sido más razonable obligar a los chipriotas a subir sus bajísimos impuestos, como el de sociedades?
Otro incendio social y político acaba de nacer. Se trata de una pequeña isla, pero algunas llamas llegarán a países más importantes. Quienes lo han encendido han sido los bomberos: ¿cómo es posible? La imagen de Merkel presumiendo de ello en un mitin de su partido ayudará a entenderlo.