El ojo público

Es la hora de los jueces

foto de Roberto Blanco Valdés
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E l presidente del Gobierno empeñó ayer su palabra, al negar rotundamente que hubiera cobrado el sobresueldo que figura en la supuesta contabilidad B del extesorero del PP. Y al empeñar esa palabra, hizo depender de la veracidad de lo que ayer proclamó solemnemente su futuro como máximo dirigente del PP y como presidente del Gobierno.

Llegados a este punto no queda, pues, otra medida sensata que poner el asunto en manos de los jueces -como, con buen criterio, ha indicado ya el fiscal general del Estado- para que, al margen de las verdades políticas de unos y de otros, se fije una verdad judicial que ponga fin, con las consecuencias que procedan, a unas acusaciones de tanta gravedad.

Eso fue, de hecho, lo que se hizo en el único supuesto comparable que la democracia española ha vivido hasta la fecha: el de las acusaciones contra Felipe González de ser, supuestamente, el hombre X de los GAL, es decir, el máximo instigador de la organización de un grupo terrorista destinado a asesinar a los etarras que entonces causaban en este país cientos de víctimas.

Aunque sé bien que la gravedad de unos y otros hechos resulta incomparable, pues media una inmensa distancia entre estar detrás de la organización de un grupo terrorista y cobrar unas cantidad de dinero sin el control fiscal correspondiente, la comparación puede establecerse por el hecho de que solo en el caso de los GAL y en el de la presunta contabilidad B de Bárcenas la veracidad de los hechos denunciados se llevaría por delante, sin remisión, al presidente del Gobierno, abriendo con ello una crisis política e institucional de descomunales proporciones.

Hay quienes han fiado su futuro -IU y algunos grupos minoritarios como el Bloque- a que esa crisis estalle en toda su crudeza, sin importarles, por lo que se ve, las terribles consecuencias que ello supondría para la economía española, el prestigio de la política y el de nuestras instituciones democráticas. La consigna de «cuanto peor, mejor» orienta la acción pública de quienes consideran, opino que erradamente, que alguien saldrá indemne del hundimiento de la política española en un pantano de inmundicias.

Yo no lo creo, y, por eso, igual que pedí en su día congelar el acoso sobre González a cuenta del tema de los GAL hasta que los tribunales se pronunciasen al respecto, opino que lo que ahora procede es dejar el caso Bárcenas en manos de lo jueces y ponerse a trabajar para sacar a España de la crisis, que es lo que beneficiará al país entero y sobre todo a los millones de personas que las están pasando canutas por nuestra inclemente recesión.

Eso es lo que le conviene al país, aunque no sea lo que interesa a todos los que piensan sacar tajada electoral de que la política y la economía española perezcan devastadas por un tsunami de basura.