El ministro Montoro ha señalado que no hay nichos de impunidad en España. «Estamos trabajando para que nadie sea impune a los delitos que haya podido cometer», ha afirmado.
No es que tuviera esperanzas de que la comparecencia, a petición propia (al enemigo, ni agua), para comentarnos el proceso de amnistía o regularización fiscal, fuera a suponer el inicio de una nueva forma de comportarse el Gobierno y los poderes adyacentes para con los ciudadanos.
No esperaba tampoco una comparecencia altanera y de oscuridad informativa como la que ha protagonizado el ministro de Hacienda. Cierto que no toda la culpa es suya: mandarlo de cortafuegos de una comparecencia obligada del presidente del Gobierno puede destrozar las meninges de cualquiera, por más que un año de gobernar como el que lleva ya le haya ayudado a ello. Pero de ahí a contestar con un airado «¿y qué?» a la obligada pregunta de si el señor Bárcenas, como dice su abogado, se acogió a la amnistía fiscal de su Gobierno, va un terrible abismo.
Probablemente en esa escandalosa pregunta, «¿y qué?», se encuentre la explicación de tanto dislate como el Partido Popular -con reiteración, alevosía y manejo procesal-, pero también otros partidos y organizaciones asimiladas han cometido. Porque si ese «¿y qué?» equivale a un ande yo caliente y ríase la gente, no extraña ni la desafección, ni la insumisión, ni la rebeldía frente a tanta institución en quiebra de utilidad y confianza, ni ante tanto pájaro pinto que alberga nuestra política.
El ministro Montoro ha iniciado mal su camino de redención y penitencia. Como lo ha iniciado el conjunto de su partido, poniendo la investigación de sus cuentas y procederes en manos de chuscas auditorías. (Perdonen: cuando oigo auditoría, luego de los avatares recientes del sistema financiero, me llevo la mano a la cartera). Porque una cosa es que se confíe más en lo privado que en lo público y otra que llevaran en su programa oculto de gobierno la privatización de la instrucción judicial.
En cualquier caso, lo que resulta más oscuro, dada su capacidad y valía en el mercado del arte y en lo inmobiliario, es qué se le perdía al señor Bárcenas ejerciendo más de veinte años de gerente y tesorero de un partido y qué se le perdía de senador, teniendo en su cuenta extranjera unos 22 millones de euros. Por más que en ninguno de tales cometidos estuviera sometido a la Ley de Incompatibilidades que, por ejemplo, en su artículo 33 obliga a declarar que no se han superado el máximo de 75 horas anuales por impartición de conferencias o cursos, ni se percibe por tal concepto una cantidad superior al 25 % de las retribuciones anuales regulares.
Si ustedes siguen perplejos, o escandalizados, o apenas cabreados con el Gürtel, los Bárcenas, nuestras instituciones, los partidos, los jueces y/o el Gobierno, lean El gran inquisidor o, si se animan, Los hermanos Karamazov. Entenderán.