El Ministerio de Interior se ha tomado la molestia de modificar una norma para investir de autoridad al personal que trabaja en los peajes de las autopistas. El objetivo, castigar a los infractores. ¿Pero justifica ese lucrativo fin los medios legales? Otras empresas podrían exigir el mismo tratamiento para que sus trabajadores justicieros castigaran con propiedad a los clientes con tendencias picarescas. Llama la atención cómo se les allanan los caminos a entidades privadas y se siembran de minas las sendas públicas. Porque, tal y como está montado ahora el rompecabezas del mundo, suelen sentirse más desvalidos los usuarios cuando entran en conflicto con las grandes empresas que los gigantes cuando se enfrentan a un ciudadano. Los ejemplos, numerosos y cotidianos. Basta con intentar anular una línea telefónica o una tarjeta bancaria. Ahí también se echa de menos cierta autoridad...