No reclamaré la inocencia para los investigadores y los profesores universitarios. Pero lo que está sucediendo en estos últimos años con la investigación trasciende su capacidad de daño, e incluso la de los responsables sucesivos de los organismos de investigación y universidades.
El sistema de ciencia y tecnología proveía recursos abundantes, incluso excesivos. Pero esta situación se correspondía con el sistema de gestión de la investigación y la innovación implantado desde comienzos de los años ochenta, y clonado por los Gobiernos autónomos, de financiar un sistema espontáneo de grupos y proyectos que, si bien en su inicios supuso un salto cualitativo de la investigación española, sin medidas que lo revisaran y optimizaran alcanzó la hipertrofia.
Sin que a ello se le diera remedio, las políticas de debilitamiento de las instituciones científicas, tan propias de las políticas conservadoras, vuelven a ser de nuevo el chivo expiatorio. Pues si el desarrollo de los proyectos de investigación tuvo problemas menores hasta ahora, los recortes en la financiación de recursos humanos, de infraestructuras y servicios han dejado en estos tres años debilitadas presupuestaria y políticamente a las instituciones donde la investigación y la innovación se desarrollan.
Cierto que las decisiones tomadas en ciencia e innovación por la ministra Garmendia en el 2010 y el 2011, con recortes a las instituciones investigadoras del Estado próximos al 30 %, iniciaron el camino que el actual Gobierno popular ha decidido profundizar. En vez de resolver la situación, fortalecer las instituciones científicas y racionalizar modestamente el complejo entramado, tal como preveía la nueva Ley de la Ciencia -aprobada también por el PP-, recortan además la dotación para proyectos de investigación, en un tiempo en que los Gobiernos autonómicos han clausurado ya sus convocatorias, lo que provoca una concurrencia incrementada en un 25 % sobre los programas nacionales (de 6.000 a 8.000 proyectos), que con dotaciones menguadas se financian en menor medida e inciden en las instituciones de investigación, puesto que entre un 15 y un 20 % de los fondos obtenidos por proyectos se destinaban a financiar gastos estructurales institucionales.
Se suma a ello la política de reducción de empleo público con el colapso de sus plantillas, la secuela de una pérdida de recursos humanos ya escasos y la expulsión del sistema de los jóvenes, pues eso es la reducción en un 43 % de los grandes programas de reincorporación de investigadores.
Con su cierre patronal dejan a la intemperie a un debilitado entramado institucional de ciencia y tecnología, pero también a la investigación empresarial, utilizada, más que para su potenciación, para justificar recortes desmedidos y cuestionar la investigación pública. Llevan a España a la indigencia en ciencia, y cercenan la innovación. Y lo hacen sacrificándose.