Si el señor Ruiz-Gallardón siguiera siendo alcalde de Madrid, a lo peor se le ocurría una idea: poner altos peajes por circular por las calles, y terminar así con los atascos. Seguro que resolvería el problema del tráfico. Solo sacarían sus coches los pudientes. El resto, al autobús o en bicicleta, siempre que las bicicletas no pagasen peaje. Pues eso es lo que acaba de hacer Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia: los juzgados están atascados, los juicios tardan años, la lentitud es desesperante, y para resolverlo decreta un tasazo, sube las tasas judiciales y piensa que así agilizará los procedimientos. Si de paso recauda, como se publicó, 306 millones de euros, es la amable colaboración que le presta a Montoro para alegrar sus cuentas. El contribuyente paga la ronda.
¿Saben lo que más fastidia del tasazo? Que sus autores se quejan de que acudimos demasiado al amparo de los jueces. Tenemos, al parecer, un índice de litigiosidad (vaya palabras que usan) superior al del entorno europeo. Es decir, que somos unos abusones, estamos mal acostumbrados -solo falta decir que es un problema cultural-, la Justicia tiene que desincentivarnos en vez de protegernos, y hay que reconducirnos con el acreditado método de meter mano a la cartera. Para empezar, desactivemos a los más pobres, que tienen el vicio de pedir justicia. Según decía ayer este diario, al 40 % de los ciudadanos se les cierra la puerta del recurso civil y contencioso. Es lo que siempre debe hacer un buen Gobierno de derechas.
Sin embargo, como este cronista siempre intenta comprender al político, aunque sea un gobernante, quiere suponer una magnífica intención del señor ministro. Ningún ministro es tan malo como para pretender perjudicar a los pobres. Y para esa comprensión hay dos argumentos. Primero, que el tasazo solo afecta al 28 % de los litigios, con lo cual no es un drama social. Y segundo, que se está preparando una Ley de Justicia Gratuita que, como su nombre indica, permitirá que los servicios de la Justicia sean gratis para rentas inferiores a 1.600 euros mensuales, aunque me temo que habrá que rebajar la cantidad, visto lo que cobran los asalariados españoles.
Aceptando esas razones, tengo que objetar las formas: si de verdad se va a hacer una Ley de Justicia Gratuita, ¿por qué no la hacen al mismo tiempo? ¿Por qué tienen que hacer todo en dos plazos y provocan así un rechazo social que empieza en los ciudadanos y termina en los jueces? Me temo que sea por culpa de la necesidad de conseguir dinero, aunque falten los impresos de liquidación, la chapuza que redondea la faena. Con lo cual, la lección es todavía peor: la gratuidad reglada puede esperar. Lo urgente es recaudar.