Por segunda vez en ocho meses los sindicatos han conseguido demostrar a través del instrumento más extremo que cabe utilizar en democracia -la huelga general- lo que, por ser elemental, sabe todo el mundo: que a nadie, salvo a los masoquistas, le gusta que le suban los impuestos, le retrasen la jubilación, le reduzcan prestaciones o le bajen o congelen el salario.
Si a todo ello sumamos la temeraria gestión llevada a cabo por muchos directivos de entidades financieras, el intolerable reparto de la carga tributaria y, sobre todo, el paro que no cesa, no es extraño que la gente responda como lo ha hecho hace dos días, a pesar de que existan motivos sobrados para pensar que la huelga no ayudará, sino todo lo contrario, a la salida de la crisis.
La gran cuestión que esta plantea no es, por eso, la de explicar por qué hay tantos ciudadanos irritados con la política de estabilidad que, siguiendo la iniciada por Zapatero en el 2010, impulsa el Gobierno de Rajoy, sino la de si existe hoy una alternativa realista a esa política.
La movilización popular de anteayer sería no solo comprensible, sino lógica, si la situación española respondiese al argumento maniqueo que, construido por la oposición desde la victoria de Rajoy, muchos ciudadanos -hartos, asustados o angustiados -han decidido comprar sin pararse a pensar en serio si tiene un mínimo sustento: que «nos dejan sin futuro», como rezaban las pancartas del 14-N, porque un Gobierno ha decidido acabar con el Estado de bienestar, objetivo esencial al que responderían su ideología y su programa.
Aunque la teoría, como todas las que dan una explicación fácil a un complejísimo problema, es tentadora, tiene un problema relevante: que no es cierta. Los líderes de CC.?OO. y UGT, que han convocado en toda España la huelga general, y el PSOE, que, como si no tuviera una responsabilidad directísima en el drama que vivimos, la ha apoyado, saben tan bien como De Guindos o Rajoy que no hay hoy margen para hacer una política opuesta a la actual y que solo cabe modularla parcialmente a través de acuerdos muy amplios entre el Gobierno, los grandes partidos, los empresarios y las fuerzas sindicales.
Esa es la razón por la que, tras la huelga, deben sus organizadores y su destinatario decidir qué camino tomarán. Gobierno y sindicatos pueden optar, así, por buscar un acuerdo para combatir la crisis de caballo que vivimos, pensando en que de ese modo será más fácil superarla. Pero uno y otros pueden también enrocarse en sus respectivas posiciones -Rajoy en su mayoría absoluta y los sindicatos en esa supuesta mayoría social que dicen controlar- para conducirnos a la tragedia de un país partido en dos que, como en el cuadro de Goya, se hunde poco a poco mientras ambas partes se dan de garrotazos.