El PP se enfrentó en la campaña de las elecciones del pasado domingo al ambiente más hostil de los últimos tiempos. No solo competía contra rivales políticos que presentaron sus listas y sus credenciales ante la Junta Electoral para disputarle escaños y, llegado el caso, la presidencia de la Xunta. No, en esta ocasión se tuvo que medir con una severa y numerosa contestación en la calle, con el poder de movilización de los sindicatos, que abiertamente se posicionaron en contra de la reválida de Feijoo, o con colectivos como los de afectados por las preferentes. Pese a todo, y aun perdiendo votos con respecto a las anteriores elecciones, el Partido Popular reforzó su mayoría absoluta con 41 diputados. ¿Quiere ello decir que tiene el camino despejado para actuar como si toda esa contestación social no se hubiese producido?
El PP dispone de toda la legitimidad que la lógica democrática le da a quien gana limpia y claramente las elecciones. Si no fuera por los antecedentes -el de Rajoy, el más reciente y palmario-, se diría incluso que el PP está ahora en la obligación de cumplir su programa electoral. Pero cometería un error si no gobernase también con un oído puesto en el clamor de esa otra mitad de la población que no lo votó. E incluso del batallón más numeroso, el de los abstencionistas.
Porque una cosa es que los electores no hayan visto alternativa válida al Gobierno que ya había y otra bien distinta que el domingo se hayan esfumado los problemas y la frustración de una sociedad que no ve salidas. Feijoo adelantó su voluntad tras la euforia del triunfo: su mayor preocupación siguen siendo los 200.000 gallegos sin empleo. Ellos son la punta del iceberg.