La calle se llena de gente manifestando su indignación con la crisis y con el Gobierno. Y cada día aumentan las razones que nos acercan al borde de la insumisión. La enorme multitud de ciudadanos que ayer siguieron la convocatoria de los sindicatos refleja ese estado de ánimo. Y no es para menos. Cada decisión del Gobierno es para recortar derechos básicos sin que esta cirugía dolorosa sirva para que se recupere la economía y mucho menos el empleo. Mas bien al contrario. El último paquete de recortes de Rajoy es una prueba más del despropósito del Gobierno.
La subida del IVA va a provocar un aumento de la inflación de cerca de 2 puntos del IPC y como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo para los 820.000 trabajadores asalariados y los 731.000 pensionistas que hay en Galicia. Un deterioro especialmente grave para los 200.000 empleados públicos, a los que se les reduce el sueldo entre el 5 % y el 7 %, lo que agrava la pérdida del 12 % de su salario real desde el 2010.
Los recortes van a provocar un agravamiento de la recesión, extendiéndola hasta el 2014 por lo menos, que supondrá el cierre de muchas empresas y la destrucción de más de 80.000 empleos en el 2012 y el 2013.
Y como consecuencia de esta brutal destrucción de empleo, el paro aumentará en cerca de 100.000 personas, lo que nos llevará a una insoportable cifra de 350.000 parados, disparándose la tasa de paro hasta el 26 %, algo que nunca habíamos sufrido en nuestra historia.
El paquete Rajoy pone en riesgo evidente el empleo de los 40.000 empleados públicos con contrato temporal, porque el aumento de la jornada, la eliminación de derechos y los cambios organizativos amenazan el futuro de los interinos en la sanidad, la enseñanza, la protección social y el resto de los servicios públicos, con el consiguiente deterioro de su calidad.
El paquete Rajoy es un golpe casi definitivo a la ley de la dependencia, que pone en grave peligro de desprotección a los casi 100.000 dependientes que hay en Galicia.
Bajo el grito «¡que se jodan!», Rajoy reduce gravemente la protección a los desempleados, reduciendo la cuantía de la prestación y sobre todo restringiendo el acceso a la misma, introduciendo durísimos requisitos que van a afectar a los 270.000 parados gallegos y especialmente a los 147.000 que cobran prestaciones.
La suma de todos estos colectivos demuestra la brutalidad del ajuste, porque estamos hablando de pérdida de derechos para más de 1,9 millones de gallegos, el 85 % de las personas mayores de 18 años.
Es por lo tanto un ataque contra toda la sociedad, que resulta absolutamente inaceptable porque el PP no se presentó a las elecciones con este programa sino con todo lo contrario. Los ciudadanos que lo votaron tienen todo el derecho de sentirse estafados. Y todos los demás, engañados. Porque lo que está sucediendo es un fraude electoral que, de no ser corregido, con un referendo por ejemplo, provocará una grave desafección de una inmensa mayoría de los ciudadanos hacia las instituciones.