Anteayer anunció Rajoy en el Congreso lo que, al parecer, no le gusta hacer como presidente del Gobierno. Para decirlo claro y pronto, sus durísimos recortes: subir el tipo general del IVA del 18 al 21 % y el especial del 8 al 10 %; bajar la cuantía de la prestación por desempleo; reducir las prestaciones para los familiares que cuidan a personas dependientes; suprimir la extra de Navidad de los funcionarios públicos; reducir los incentivos a la contratación laboral; o, en fin, suprimir la desgravación por compra de vivienda. Sin embargo, el disgusto de Rajoy con unos recortes que, cuando no se ceban o en los más débiles (parados o dependientes) machacan a colectivos ya muy maltratados desde el punto de vista salarial (funcionarios) o son socialmente regresivos (subida del IVA), es por lo que se ve mucho menor que el que sentiría al acompañar su ajuste draconiano de otras iniciativas que hubieran ayudado a hacer creíble la justificación a la que recurrió el líder del PP para explicar la necesidad del inmenso sufrimiento que se va a imponer a este país: que España atraviesa una situación de tan extrema gravedad que ya no hay elección entre hacer sacrificios y no hacerlos.
Si eso es así, es decir, si los españoles estamos obligados a pasar por el aro de fuego que le han puesto en las manos a Rajoy los que mandan en la UE, el presidente estaba obligado a anunciar al tiempo otras medidas sin las que las hechas públicas constituyen una inmoralidad.
Porque si el país está tan mal como para arrasar con todo lo que el miércoles se llevó el presidente por delante, es que España necesita con urgencia reducir en más de dos tercios sus 8.000 ayuntamientos (y no es esa memez demagógica de la disminución de concejales), suprimir las diputaciones provinciales, acabar con las duplicidades orgánicas de las autonomías, cortar de forma drástica los gastos imparables de las elecciones y en mucha mayor medida de lo anunciado las subvenciones a sindicatos y partidos, adoptar un plan efectivo de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, poner fin de una vez a los privilegios escandalosos del fútbol, restringir prácticamente a cero los miles de coches oficiales que llenan nuestras calles, acabar con los viajes en primera de miles de altos cargos, meter en un hangar el avión presidencial, dar orden inmediata de cortar en seco el dispendio en fiestas y saraos o suprimir las ayudas clientelares a asociaciones de todo tipo.
En una palabra, imponer el mismo orden recio a la política que se impondrá a la sociedad. Si todo ello no se hace, los sacrificios que Rajoy nos ha exigido tienen mucho más de tomadura de pelo que de invocación a la solidaridad de los españoles para sacar todos juntos al país del gravísimo atolladero en el que está.