Hincar los dientes en los textos legales básicos del tráfico y de la seguridad vial, para modificarlos, es una acción de la que se ha hecho hábito en nuestro país por la vía fácil del decreto legislativo. Parece como si quien asume por vez primera la dirección del órgano administrativo para la gestión de la circulación de vehículos se sintiese en la necesidad de hurgar en el sistema normativo para dejar su marca personal en el sistema.
Digo esto cuando se avisa de intenciones que consisten en rebajar el límite de velocidad a 90 kilómetros/hora en carreteras convencionales -antes tituladas nacionales y secundarias- en lugar del límite de los 100 kilómetros/hora establecidos. No hay otro argumento de apoyo para esta pretensión más que los elevados índices de accidentalidad que en estas vías se registran comparativamente con autopistas y autovías. ¿Cabe argumento más cuestionable? Existiendo relación entre intensidades de tráfico, tiempos de vigilancia activa, infracciones que se denuncian a pie de carretera y accidentes, ¿se ha llegado a la valoración de lo que ocurre en las vías convencionales, precisamente desde esos indicadores, antes de entrar a saco en el corpus legal?