E n un documento reciente que hemos presentado al presidente de la Xunta sobre la situación de las obras públicas y las alternativas que compensen parcialmente la actual reducción de la inversión, que está hundiendo un sector productivo que ha sido una fuente de generación de empleo, hemos incluido la propuesta de profundizar en la aplicación de las tarifas por el uso de las carreteras, siendo conscientes de que es una medida impopular que necesita ser explicada.
La propuesta se enmarca en otras más amplias que tienen que ver con la planificación, el proyecto, la construcción, la explotación, la conservación y la financiación de las carreteras, que modifiquen el modelo actual, en el que se incluye la demanda creciente de nuevas autovías libres de peajes y su financiación por vía presupuestaria o por contratos de colaboración público-privada.
El paso para que sean los propios usuarios de las nuevas carreteras los que paguen por su uso (al menos por su mantenimiento), no es, en estos momentos de fuerte crisis económica, fácil de explicar. Por eso es necesario hacer un esfuerzo por desligar las propuestas de tarifación por el uso de las carreteras de las causas de la crisis. La realidad actual, por otra parte, es que si seguimos con los recortes en la inversión en obras públicas, no va a haber dinero (como ya no lo hay ahora) para la conservación de las infraestructuras de transporte que hemos construido en las últimas décadas.
¿Por qué es necesario un cambio de modelo? La primera respuesta es que el sistema español para la construcción de autovías es insostenible económicamente hoy y lo seguirá siendo en el futuro. La segunda es que desde el punto de vista del transporte de mercancías, tendremos más tarde o más temprano que incorporarnos a la directiva europea de la Euroviñeta, que grava el transporte de mercancías, por criterios de conservación de las carreteras y ambientales (contaminación, ruidos, accidentes, etc.), apostando por el trasvase de tráfico a otros medios más eficaces como el ferrocarril. La tercera es que el equilibrio de modos en España, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de mercancías, con las fuertes inversiones que se están realizando en estos momentos en el transporte de pasajeros por ferrocarril, además de una rentabilidad social, debe buscar una rentabilidad económica, trasvasando tráficos no solo de los aeropuertos, sino también de las carreteras.
La aplicación de estas tarifas por el uso debería ser escalonada, y su implantación requeriría del orden de tres o cuatro años y venir asociada a una planificación, que debería ser independiente de quien gobierne y aplicada conjuntamente a todo el territorio español. Los usuarios de las vías de nuevo trazado siempre tendrían una alternativa de una carretera adecuada, cuya adaptación se financiaría parcialmente con las tarifas por el paso por las vías especializadas.
En el caso de Galicia, la aplicación debería ser restringida y solo afectaría con peajes blandos (menores que los de las autopistas) a las autovías de acceso desde la Meseta, a la autovía del Cantábrico, a los tramos liberalizados de la autopista de Santiago-Ourense o de la autopista del Atlántico y a las autovías de la Administración autonómica construidas o en construcción.
Por tanto, solo desde el consenso y la coordinación entre Administraciones sería posible esta medida, que debería compensar a los ciudadanos con la percepción de que la aplicación de tarifas por el uso repercutiría realmente en la mejora de la seguridad y la explotación de las carreteras en general.