El contraste entre la forma inadmisible en que se ha llevado a cabo en Argentina una expropiación que con alta probabilidad podría acabar por convertirse en un expolio y la respuesta comprensiva con que ha recibido esa actuación una parte de la izquierda española (IU o el BNG, sin ir más lejos) pone de relieve la preocupante incapacidad de quienes, tirando del manual del buen anticolonialista, no entienden el mundo en que hoy vivimos.
La presencia en un país de empresas extranjeras es desde hace mucho una realidad a la que no escapa ningún Estado del planeta. No seré yo quien niegue que tal presencia ha derivado con frecuencia en un abuso brutal a través del que los países ricos han extraído riquezas sin cuento de otros en gravísimo estado de subdesarrollo y de pobreza, pero ese no es, ni de lejos, el caso de las actuales relaciones entre España y Argentina.
Muy por el contrario, la presencia en Argentina y en otros Estados de América Latina de multinacionales españolas es el fruto de la internacionalización de la economía y no se produce en un contexto de imposición colonialista sino de acuerdos mutuos entre Estados soberanos, que se comprometen a respetar las inversiones de sus empresas respectivas. De no ser de ese modo, nadie invertiría ni un dólar fuera de sus fronteras nacionales por el lógico temor a sufrir el trato vergonzoso del que acaba de ser víctima YPF en Argentina.
Dejando de lado aspectos nada irrelevantes -como la ocupación a la brava de las oficinas de la empresa por las autoridades argentinas sin más amparo legal que una norma de la dictadura de Videla-, la forma en que se ha producido la expropiación de YPF destroza de un modo flagrante la seguridad jurídica sin la que las relaciones comerciales internacionales no podrían existir.
Nada, salvo la debilidad política del Gobierno argentino y la grave situación energética que atraviesa el país, permite explicar la preocupante deriva demagógica de la presidenta de un Estado en el que el populismo ha causado históricamente auténticos estragos. La expropiación de YPF sitúa a Argentina, de hecho, como un Estado no fiable en el ámbito económico internacional y constituye, por eso, como proclamó de inmediato el presidente mexicano, una grave irresponsabilidad que se volverá contra los sufridos argentinos que hoy, llevados de la ceguera nacionalista, aplauden sin saber lo que se hacen.
Pero la expropiación no solo acabará perjudicando a quienes la han decidido, pasándose por el arco del triunfo las normas internacionales, sino que daña gravemente los intereses españoles, esos que de un modo incomprensible, y no se sabe muy bien por qué, a mucha gente en nuestro país les parece vergonzoso defender, incluso cuando, como es el caso, resulta evidente que han sido violados sin razón y sin derecho.