La antología del disparate era un clásico en el que se recogían barbaridades de los estudiantes en sus exámenes. Pues bien, la reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy se ha ganado el derecho a encabezar el ránking de estas publicaciones de disparates.
El contenido de la reforma, su dureza, el deterioro de las condiciones laborales, su ineficacia para crear empleo, son cuestiones conocidas. Pero la reforma también contiene barbaridades, auténticos disparates.
A partir de la reforma la instancia judicial que resuelve un recurso contra un ERE que afecte a varias provincias es la Audiencia Nacional. Sí, ha leído bien. El órgano judicial creado para juzgar a terroristas y narcotraficantes ahora también juzgará a los trabajadores.
Antes de la reforma, el PP y la patronal se llenaban la boca hablando del excesivo número de tipos de contratos temporales, hasta 42 llegaban a decir, afirmando la absoluta necesidad de simplificar la contratación, jugando con la idea del contrato único. Pues bien, la reforma no eliminó ninguno e incluso creó un nuevo contrato más.
La reforma crea un nuevo contrato denominado indefinido pero que tiene condiciones tan precarias, con despido libre y gratuito en el primer año de trabajo, que le da menos derechos y menos protección a los asalariados que cualquiera de los temporales que existen ahora.
Se dice que la reforma va a servir para reducir el absentismo laboral porque permite despedir a una persona que acumule nueve días de baja médica en dos meses. Sin embargo, como las bajas médicas de más de 20 días no están incluidas en la causa de despido, provocará que la gente intente que una baja por gripe que antes era, como mucho de 7 días, ahora sea de 20.
La reforma autoriza los despidos, o los cambios de horario, bajadas de salario, descuelgue de convenios, movilidad geográfica y un largo etcétera de medidas, cuando la empresa tenga 6 meses en algunos casos y 9 meses en otros de caída en las ventas aunque tenga beneficios. Pero es que las cuentas oficiales de las empresas, las que se auditan, son anuales, de tal forma que no existen, legalmente, esas cuentas trimestrales que ahora sirven para justificar los despidos.
La literatura de la reforma se extiende sobre la necesidad de la flexibilidad interna para hacer que el despido sea la última medida, pero en su desarrollo concreto no incorpora ningún incentivo a esa flexibilidad interna y se centra de forma obsesiva en abaratar y facilitar el despido.
Habla de estabilidad en el empleo, pero permite que una persona encadene contratos formativos, con el 75 % del salario, hasta los 33 años. Permite despedir empleados públicos con 20 días por año por insuficiencia presupuestaria, esto es, porque el que elabora los presupuestos del organismo así lo decide.
Para terminar, más por falta de espacio que no de barbaridades, la reforma hace legal lo que se denunciaba como práctica irregular, porque a partir del 12 de febrero una persona puede trabajar a tiempo completo en una empresa y seguir cobrando el desempleo.
Así que la reforma no es solo injusta, inútil e ineficaz sino que además es un cúmulo de disparates.