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Los políticos frente a su responsabilidad

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La ventana para la entrada de inversores se abre de nuevo en Novagalicia Banco, la única entidad financiera española en proceso de transformación con proyecto propio y rentable, frente al que hay que asumir un riesgo ligado a la recesión económica. El resto de las instituciones están a punto de ser enterradas, pendientes de adjuntarse a una iniciativa ajena a ellas y a sus territorios o haciendo presión para convertirse en campeonas nacionales a costa de adjudicarse a precio de saldo alguna de las antiguas cajas de ahorros.

En el caso de NCG, los grandes inversores financieros internacionales exigirán previsiblemente condiciones y garantías para desembarcar en una iniciativa a desarrollar en un país que tiene que corregir un déficit público abrumador y desolador, que se enfrenta a la crisis más grave que jamás haya vivido y que debe vender una marca, la marca España, que hoy, pese a quien pese, cotiza a la baja en los mercados internacionales.

En este contexto, el presidente Mariano Rajoy y su equipo económico tienen la responsabilidad de decidir si facilitan el camino para que, por primera vez desde hace ya cinco años, entre en el país inversión extranjera. Si esa es su apuesta, Galicia podrá seguir en solitario con un proyecto capitalizado, que la mantendrá en el mapa financiero español.

Si esto no ocurre, la comunidad estará muerta. Muerta porque los centros de decisión se trasladarán fuera de este territorio, el empleo cualificado desaparecerá y Galicia volverá a desempeñar el papel de simple sucursal.

Pero como el negocio es el negocio, al igual que «la pela es la pela», los depredadores financieros que se hagan con la entidad pasearán de vez en cuando por su colonia para demostrar que les preocupa lo que en ella suceda. Mentira. Solo les interesará apropiarse del ahorro que en 1842 dio origen a unas instituciones que en países como Alemania no se ponen en duda. La gran banca se limitará a ubicar en Galicia una filial de la matriz (es decir, una corresponsalía) o una dirección territorial que hará, lógicamente, lo que le dicten desde el centro de control, que posiblemente estaría ubicado en Madrid.

Lo ocurrido desde el inicio del proceso de reestructuración parece indicar que «alguien» (llamémosle la gran banca nacional) ideó hace ya varios años una estrategia para hacerse con el mercado de las antiguas cajas de ahorros, y diseñó el siguiente modelo: grandes bancos nacionales con centros de decisión en la capital del Estado, mucho más cerca del Banco de España y de los centros de poder, y lejos de las comunidades autónomas, adonde solo se va a recoger un ahorro que servirá para pagar proyectos ajenos, si no contrarios, a los intereses locales y autonómicos.

Por el momento, Madrid, Cataluña, el País Vasco y Andalucía ya han equilibrado los contrapesos políticos que garantizan tener un instrumento financiero propio, lo que les permitirá seguir creciendo. Hace poco más de un mes se supo que el poder económico catalán pretendió hacerse con el SIP capitaneado por Caja Madrid. No lo consiguió. Rato, hombre del PP, se revolvió, al igual que la propia comunidad liderada por Esperanza Aguirre, del mismo partido. Perder Bankia era perder un tesoro.

Gallegos bos e xenerosos como de los que habla Pondal iniciaron una pelea que hoy otros continúan. Todos quieren que el proyecto de NCG salga adelante. Galicia se juega mucho. Si no logra seguir situada en el mapa financiero nacional, pasará a ser un páramo. En ese momento, sus peticiones serán calificadas desde Madrid como esas reclamaciones «de las provincias», que, por parecerles pailanadas, siempre caerán en saco roto. ¿Qué madrileño o catalán va a perder la oportunidad de una inversión al lado de su casa a favor de una tierra que, en su opinión, por falta de riqueza no tiene ni derecho al perdón? (Ya se sabe que la tontería permitida va proporcionalmente ligada al dinero que se posee). Los políticos en el Gobierno tienen ante sí una gran responsabilidad. O apoyar la existencia de Novagalicia Banco o entregarla a precio de saldo al mejor postor. Una decisión equivocada pesará como una losa en la historia de esta tierra, que desde el 2008, cuando comenzó el proceso de reestructuración financiera, ha luchado por lo que quiere. Autonomía, voz y voto. Rajoy tiene la palabra.