Que los municipios gallegos menores de 2.000 habitantes tienen problemas graves es una realidad objetiva. Que existen desajustes demográficos, financieros, tecnológicos e institucionales, es también una verdad incuestionable. Y que esa dimensión municipal puede funcionar razonablemente, es un dato histórico que podemos verificar (por ejemplo, numerosos municipios franceses). Entonces, ¿qué sucede en Galicia?, ¿cómo diagnosticar y corregir estos problemas específicos?, ¿son culpables los municipios de su propia decadencia?, ¿es correcto proponer la eliminación o fusión de municipios, así como la creación de entidades supramunicipales, como única manera de solucionar el problema?
La respuesta a estos interrogantes debe ser contundente. Los pequeños municipios gallegos están como están por la crisis o desaparición de la base económica que los justificaba. La economía agraria tradicional, fundamentaba en el minifundio, la dispersión, los mercados interiores y las rentas de subsistencia, agoniza o ya no existe. La juventud escapa, la población envejece y gran parte de ella sobrevive colgada al presupuesto público (pensiones, sanidad, servicios sociales, ayudas diversas). Casi todo tiene fecha de caducidad. Estamos, pues, ante un problema caracterizado por la quiebra histórica de una forma de vida que desaparece sin alumbrar alternativas, no ante problemas y deterioros originados por la institución municipal. El municipio sufre también la quiebra, la decadencia y las angustias de este proceso histórico.
¿Quién tiene, pues, la responsabilidad política de afrontar los problemas económicos, demográficos e institucionales de esta parte de Galicia? Porque los municipios menores de 5.000 habitantes absorben ya el 90 % del territorio provincial en Ourense y el 70 % de ese territorio en Lugo. Y ante escenario tan grave y tan triste es irresponsable permanecer indiferente o inactivo ante deterioros tan lamentables del país. Por tanto, el Gobierno autonómico está obligado a encontrar, diseñar y aplicar las soluciones más pertinentes para invertir la situación, apelando en su caso a las obligaciones que también le incumben al Estado por mandato constitucional (artículo 131). Por eso debemos insistir en que diagnosticar bien un problema es condición primaria para afrontarlo y resolverlo de forma adecuada. Y por eso es obligado reconocer que en lo que atañe a nuestro inframunicipalismo estamos casi todos un pelín desorientados.