L as medidas concretas de la reforma laboral son tan brutales contra los derechos de los trabajadores que el Gobierno elude hablar de ellas y se esconde detrás de afirmaciones genéricas que en realidad no son más que falacias.
La primera es que la reforma contribuiría a la creación de empleo cuando la economía se recupere. Esto no es cierto, sino todo lo contrario. El objetivo buscado por la reforma es bajar los salarios de los trabajadores. Si a eso unimos el miedo a perder el empleo, el resultado va a ser, inevitablemente, un agravamiento de la recesión. Menos salario y más ahorro supone una caída en la demanda y por lo tanto en la actividad económica y en las ventas de las empresas. Por ello, el efecto de la reforma no será el impulso al empleo. Al contrario. Al menos en todo el 2012 la reforma hará que se destruya más empleo que el que ya se iba a perder.
La segunda falacia es que la reforma aumenta la flexibilidad interna para evitar despidos. Lo que se hace es justamente lo contrario: se facilita y abarata el despido hasta llevarlo casi hasta el límite del despido libre y gratuito y no se introduce ningún incentivo para que se utilicen fórmulas alternativas, como las reducciones de jornada u otras.
En la primera fase de la crisis las empresas, ante las caídas en su producción, no respondieron con ajustes internos sino rescindiendo el contrato a los temporales, porque eso no tenía coste. Ahora se abarata el despido y, por lo tanto, lo que se facilita es despedir a los fijos y no esforzarse en buscar acuerdos y medidas de flexibilidad interna.
La tercera idea es que se actúa contra la precariedad laboral. Y sin embargo no solo se mantienen todas las modalidades de los contratos temporales, sino que se añade otra más. En concreto, un nuevo contrato para las empresas de hasta 50 trabajadores, el 99 % de las que hay en España, con una característica muy peligrosa: el período de prueba se amplía hasta un año, un tiempo en el que la rescisión del contrato es a voluntad del empresario y sin ninguna indemnización.
La última afirmación es que la reforma que se hace pensando en los 5,3 millones de personas en paro. Pero esto no pasa de ser una simple frase que no se corresponde con la realidad, porque en el texto no hay ninguna medida que dé más oportunidades de empleo a los desempleados, que aumente su empleabilidad o mejore su protección. Las únicas concreciones en el texto son para ver cómo se reduce el gasto en prestaciones, con medidas que van desde que el parado que sea contratado se pague con su prestación hasta el 25 % de su sueldo, hasta tratarlo de presunto delincuente, al vincular su legítimo derecho al cobro de prestaciones a trabajos de servicios a la comunidad, algo que por ahora realizan condenados por delitos menores.