T anto si un país descubre un tesoro de gas o petróleo, como si una comarca acaba enriqueciéndose con el dinero fácil del contrabando, existe un altísimo riesgo social de que ese país o esa comarca desprecien emprender y ocuparse en actividades que solo en el medio plazo pueden dar un rendimiento razonable; y eso después de aplicarse con el mayor rigor y conocimiento a que esa actividad sea merecedora de creciente interés por sus potenciales demandantes. Tal desprecio sería la fatal maldición del dinero fácil del petróleo o del narcotráfico.

El sector inmobiliario ha sido para el conjunto de la economía española en las últimas décadas ese dinero fácil, y es ahora cuando se nos hace evidente su maldición. Nuestro sector financiero alimentó con todas las facilidades imaginables a los que apostaban por el ladrillo como forma segura de enriquecerse. El Gobierno y el Banco de España lo reconocen ahora sin paliativos, al obligarlos a que consideren los muchos miles de millones que dicen que llegó a valer su cartera inmobiliaria por menos de la mitad de lo escriturado. Y ya veremos. Y lo traduce el dramático camino del paro hacia los seis millones.

La maldición no es que ahora todos seamos menos ricos en activos inmobiliarios o que empresas y bancos intoxicados con ese sector se hayan venido abajo, la maldición es que como nuestras energías (ahorros, inversiones, préstamos) se concentraron en aquella mina de oro, despreciamos capitalizar y apoyar empresas que en otros sectores no daban aquel oro fácil. Los Gobiernos (central o regionales) durante décadas no veían necesaria una política industrial que hiciera viables para esos sectores el entrar en los mercados exteriores.

Y la maldición es que ahora tal cosa no se puede improvisar en un año. Por eso las actuales reformas (financiera o laboral) no van a evitar que aquella maldición nos conduzca a un reactivado período migratorio y a una marea de creciente pobreza. Y es así que daremos ayudas a unos para que nos sigan exprimiendo como clientes en mercados cada vez más oligopólicos, y, a otros (empresarios del bajo coste y la subvención), para que lo hagan como ocupados quinientoeuristas.

Puede que dentro de tres años el Gobierno presuma de haber reducido el desempleo desde los casi seis millones actuales a menos de cuatro millones, pero me temo que entre emigrantes y nuevos ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión pasemos, en esos mismos tres años, de diez a quince millones de pobres. Un amargo fruto de la cosecha, o maldición, del enladrillamiento y de una no menos descarada gestión asimétrica de su declive.