DECIR QUE en España hay 8.114 municipios es una verdad tan grande como vacía de contenido. Porque si usted mete en su ordenador el listado de los municipios españoles, y lo ordena de menor a mayor por el número de habitantes, se encontrará con que Salcedilla, que es el primero que de verdad existe, no tiene más que 7 habitantes. Para encontrar un municipio que tenga 100 habitantes tenemos que llegar al número 978, que ocupa Chamartín, y para ver el primero que tiene 1.000, debemos ir hasta Puerto Lápice, que ocupa el número 4.906. Forcarei, que ya está en el tramo de municipios enormes, ocupa el puesto 6.802, con 4.576 ciudadanos. El primer municipio que supera los 100.000 habitantes es Alcobendas, y ocupa el puesto 8.057. Vigo, con sus 293.725 almas, se sitúa en el número 8.101. Y los dos únicos que superan el millón de habitantes son: Barcelona (1.593.075 habitantes), y Madrid (3.155.359). En los 20 mayores municipios españoles, equivalentes al 0,25 % del total, vive el 26 % de la población. Y en los 118 mayores municipios del país, que equivalen al 1,4 % de los existentes, se acumula el cincuenta por ciento de los españoles. Este pequeño juego estadístico viene a significar que el mapa municipal de España es una ficción, en la que figuran docenas de miles de concejales que administran la nada, que no poseen recurso alguno, y que están convertidos en puros intermediarios de un poder que los ciudadanos deberían ejercer directamente, a través de municipios capaces de sostener su propia administración. Gran parte de los ciudadanos que viven en este hormiguero de municipios ficticios apenas pagan impuestos ni tasas municipales, carecen de servicios elementales, y parasitan de forma injusta sobre los municipios verdaderos. Y por eso debemos reputar como un hecho muy grave el que, sobre el absurdo que supone la elección indirecta de las diputaciones, que son entes cautivos de la irracionalidad del sistema, se mantengan vicios tan perniciosos como la mediación caciquil del poder, la conversión de los municipios en agencias electorales, o se residencien competencias de gran importancia estratégica -urbanismo, ecología, servicios sociales, etcétera- en manos de una organización territorial fantasmal e inoperante. Muchos de los males que solemos atribuir a la acción de los políticos no son más que resabios estructurales del sistema. Y alguien tendrá que decir que no se puede administrar una sociedad del siglo XXI con mecanismos creados para el XIX. Hay que abordar este gravísimo problema, y las elecciones municipales son también para eso. Porque la alternativa, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, es tener una democracia deficiente y pagar muy caros sus pésimos servicios.