Desigualdad y crecimiento

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11/06/2017 05:00 h

Una de las tendencias más pronunciadas en la evolución del mundo desarrollado en las últimas décadas es el aumento de la desigualdad de la renta y la riqueza. Lo llamativo es que esa realidad, cuya trascendencia ahora mismo casi nadie niega, permanecía hasta hace muy poco semioculta, claramente fuera de la agenda central de la política, y objeto de preocupación solo de unos pocos especialistas. ¿Qué explica semejante anomalía?

Obviamente, no hay una única razón. Pero es especialmente significativo que, a partir de la década de 1970, la idea de que existe una relación antitética entre igualdad y eficiencia se hiciese mayoritaria entre los economistas: promover lo primero acabaría por dañar a lo segundo, y con ello al crecimiento económico. Hay por tanto que elegir. O bien se pone el énfasis en repartir la tarta, o bien se intenta que aumente su tamaño; alcanzar las dos cosas al mismo tiempo es imposible. De ese modo, y dado que en el frontispicio de los objetivos económicos figuraba, de un modo muy destacado, la ganancia de eficiencia, la idea de luchar directamente contra la desigualdad fue vista con creciente antipatía. Nadie lo expresó mejor que un influyente economista, premio Nobel, cuando advirtió sobre «lo dañino de poner el foco en la cuestión de la distribución». Lo primero era hacer que la producción se expandiera; los beneficios en términos de aumento de la renta ya irían fluyendo de un modo natural hacia el conjunto de la sociedad. El paso del tiempo ha demostrado, sin embargo, lo ingenuo -por decir algo suave- de esa pretensión.

En los últimos años, la percepción de muchos economistas acerca de esta cuestión está dando un notable giro. Es revelador, en ese sentido, que en el seno de organismos en los que hasta hace poco la visión anterior era dogma absoluto -como el FMI-, se estén generando líneas de investigación que la impugnan en profundidad. Un buen número de estudios vienen resaltando que, efectivamente, sociedades muy igualitarias tienden a estar reñidas con los aumentos de eficiencia; pero, aún más importante, a partir de determinados niveles, la desigualdad es un pésimo incentivo para la inversión en capital humano y las dinámicas innovadoras (tan importantes para el impulso de la eficiencia en el largo plazo), además de representar un peligro para la estabilidad macroeconómica. En consecuencia, no es raro que -en un cambio de 180 grados- aboguen ahora por implantar políticas redistributivas, con el objetivo de favorecer la calidad y la sostenibilidad del crecimiento económico.

Una interesante investigación reciente del FMI (F. Grigoli y A. Robles, Inequality Overhang, 2017) fija el umbral crítico a partir del cual la desigualdad daña al crecimiento. Según sus autores, a partir de un valor 27 del índice de Gini (que mide el grado desigualdad, entre 0 y 100, de ninguna a máxima) cualquier empeoramiento en la distribución de la renta afectará negativamente al crecimiento. Lo contrario ocurrirá por debajo de ese punto crítico. La cuestión es que, con datos del 2014, esta última situación se daba solo en unos pocos países desarrollados (Islandia, Noruega, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, República Checa, Bélgica y Eslovaquia). Por el contrario, el índice para el conjunto de los países de la UEM rondaba el nivel 30, y en el caso de España alcanzaba el valor 34,6. La conclusión sería clara: a diferencia de lo tantas veces afirmado en el pasado, poco favor le hacemos a las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las economías europea o española si persistimos en políticas que, en lugar de reducir, aumentan la desigualdad.

La distancia entre las clases ricas y las pobres se ha agigantado en las últimas décadas. | ASHLEE ESPINAL

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