Siempre que hay un cambio disruptivo, hay un coste social. Y la economía colaborativa también pasa factura.
-¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta esta forma de consumo?
-El primero es la inclusividad digital. Para participar tienes que manejarte muy bien con las nuevas tecnologías. Exige recursos educativos y relacionales. Y los más afectados por la crisis no tienen esos recursos, así que corremos el peligro de que los que están excluidos, sigan al margen. La economía colaborativa no es per se más inclusiva.
-Muchos la presentan como el refugio de los parados...
-No siempre lo es. Puedes pensar, por ejemplo, que da oportunidades de trabajo a través de portales donde se subastan servicios profesionales. Pero también puede llevar a una precarización del trabajo. Hay que ser prudente, el modelo tiene sus luces y sombras.
-¿Sombras como los enfrentamientos abiertos entre Uber y los taxistas, por ejemplo?
-Los taxistas protestan con razón. Se percibe como competencia desleal, porque a uno le exiges diez cosas y a otro nada. Los nuevos no entran en condiciones de igualdad. Pero esto va a ocurrir en otros sectores, porque no hay quien lo pare.
-Y qué les queda a los de siempre, ¿renovarse o morir?
-Ikea ya ofrece reventa de muebles y los hoteles lanzan servicios para competir con Airbnb en el alquiler de imbuebles particulares. Hay una parte de protesta que está fundamentada y otra parte que es similar a lo que ocurrió con los ordenadores y las máquinas de escribir. El fenómeno se enmarca en un contexto más amplio, el final de una era económica y mucho de lo que conocemos cambiará.
-A nivel legal ¿hay que ir apagando fuegos?
-La Unión Europea ya trabaja en ello y hay interés, pero no se sabe cómo será. Es complicado porque aunque todos tienen algo en común, los modelos de negocio son diferentes. Abordarlo de manera holística es difícil, así que irá a poquitos, sí.