Los grises que llegarán en otoño

Julio Sequeiros. Catedrático de Economía

MERCADOS

Juan Salgado

Sin Gobierno, ni presupuestos para el 2017. Los signos de recuperación de la economía española son evidentes, pero habrá que emprender ajustes para equilibrar las cuentas

28 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

En la economía española los signos de recuperación son ya evidentes desde hace varios trimestres. Las exportaciones se recuperan de la crisis en el 2011 e inician una senda expansiva de tal modo que, si la tendencia continua, en el 2017 exportaremos el doble que en el 2009. Esta expansión exportadora, con unas importaciones disminuidas por el precio del petróleo y el resto de materias primas, compensan la balanza por cuenta corriente restaurando un equilibrio exterior indispensable en el medio y largo plazo.

PIB, empleo e inflación. En lo que se refiere al equilibrio interno la situación es más oscura. Por un lado, la economía española está creciendo a un ritmo del 3 % anual y generando empleo neto de tal modo que, en el próximo ejercicio de 2017, el PIB recuperará el nivel máximo alcanzado hace ya casi una década. En lo que se refiere al empleo la situación es más crítica: estaríamos hablando del 2025 para recuperar el nivel de empleo del 2008. Sin embargo, es de hacer notar que en estos últimos tres años se han creado más de un millón de empleos netos.

Otro elemento de éxito está en el terreno de la inflación. Por lo menos hasta el 2010, los precios en España crecían más rápido que en los países del entorno europeo, deteriorando nuestra posición internacional. El control salarial y los precios del crudo -pero sobre todo los salarios- han alineado el crecimiento de los precios en España con el resto de los socios comunitarios, explicando éxitos tan relevantes como la expansión de las exportaciones de mercancías o la recuperación del sector turístico (exportaciones de servicios).

Sector público.Todos estos signos de recuperación se refieren al sector privado: el mercado ha hecho su trabajo y lo ha hecho a su manera. En lo que se refiere al sector público el panorama ya no es el mismo. España es un país con una deuda superior al 100 % del PIB, porcentaje superior al que tenían nuestros abuelos a principios del siglo XX después de la crisis de 1898, y de la pérdida de unas guerras coloniales que hubo que financiarlas con la emisión de deuda. Al mismo tiempo, España incumple reiteradamente sus compromisos europeos de déficit público solicitando, un año tras otro, una prórroga para alcanzar el objetivo final del 3 %. Y, aquí está la paradoja, los tipos de interés están, para plazos inferiores a los tres años, en negativo y para plazos más largos no alcanzan el 1 %. Una deuda gigantesca que se financia casi gratis. Difícil de entender.

La ayuda del BCE. La explicación a esta aparente paradoja reside en el papel que está jugando el BCE y sus políticas híper activas de compra de deuda pública y privada desde mediados del año pasado. Una política de este tipo tiene efectos de muy distinto tipo, entre los cuales destacaría dos. En primer lugar, el BCE con sus tipos en negativo castiga a los ahorradores (países e individuos) al no remunerar sus fondos y premia a los deudores facilitando liquidez a coste cero o negativo: como decía un banquero en este mismo periódico, esto es un auténtico sindiós.

El segundo aspecto a destacar es que el objetivo de esta política del BCE es trasladar liquidez al mercado para favorecer el crecimiento, la inversión y el empleo. En lo que se refiere a las finanzas públicas los países deudores (como España) ven aligerada su carga de intereses y podrían afrontar más holgadamente ajustes en los gastos y/o en los ingresos. En otros términos, las instituciones europeas nos están exigiendo reducir el déficit público y nos ayudan reduciéndonos la carga por intereses. Ayuda que en nuestro caso es muy relevante.

Sin embargo, y a mi juicio, no estamos a la altura de las circunstancias. Los últimos datos disponibles nos están diciendo que el déficit público se reduce muy lentamente desde el 5,1 del PIB en el 2015, y que esta reducción se debe, básicamente, a que disminuye el gasto por intereses mientras los otros tipos de gasto mantienen tendencia al alza. En otras palabras, el déficit estructural (el que no tiene en cuenta el gasto en intereses de la deuda) sigue aumentando en nuestro país, a pesar de los recortes, de la austeridad, etc.

Llegados aquí me gustaría precisar algo. Bruselas no mantiene exigencias de ningún tipo sobre los Estados miembros. No puede hacerlo. Lo que sí exige Bruselas a todos los socios es el cumplimiento de lo previamente pactado. Esta aclaración es importante hacerla debido a que el esfuerzo que va a tener que realizar España para cumplir lo acordado va a ser notable.

Nuevos ajustes.Entre el 2016 y el 2018, España va a tener que reducir su déficit público en el entorno de los 30.000 millones de euros para llegar a cumplir con los objetivos comunes, aunque sea en el período de prórroga que nos han concedido. Esta etapa final del ajuste habrá que realizarla mediante la subida de algunos impuestos (el de sociedades es un buen candidato), la reducción de una parte del gasto público (va a ser muy difícil sin tocar las pensiones) y el resto confiarlo a una mayor recaudación derivada del incremento de las bases imponibles, si los vientos de cola nos siguen ayudando. Estos vientos son, básicamente, un contexto internacional muy favorable: el BCE rebajando al límite los tipos de interés, una economía mundial en etapa de expansión y unos precios de las materias primas en mínimos históricos (crudo de petróleo ahí incluido). Veamos.

Factura energética. Este contexto internacional no va a ser el mismo que hasta ahora: en la segunda mitad de este año y, probablemente en el 2017, el crecimiento de la economía mundial va a ser menor debido a la ralentización de la economía china y la crisis en algunos emergentes (Brasil en negativo y, ahora, México). Por lo tanto, es posible que las exportaciones españolas crezcan más lentamente y apoyadas solamente en el mercado interno de la Unión Europea. En este contexto de incertidumbre la situación del Reino Unido no deja de añadir complejidad. Ni ellos mismos saben si al final se van a quedar ni, en el caso de abandonar la UE, cuál va a ser su estatus definitivo.

La factura energética se normalizará alrededor de los 80 dólares el barril ya que, en estos últimos meses, se ha ido ajustando una oferta excesiva a una demanda que crecía lentamente. La estabilización de los mercados internacionales de materias primas alrededor de precios que pueden significar el doble de los del primer semestre del 2016 tendrá un impacto muy negativo sobre las importaciones de un país con una dependencia energética crónica. Y no solo sobre las importaciones: los precios energéticos se trasladan a mayores precios finales incluso antes de que suban en origen, alimentando viejas tensiones inflacionistas.

Y las otras certezas. Sin embargo, tenemos algunas certezas: el BCE mantendrá los tipos actuales, por lo menos hasta el 2018. Y una segunda certeza: llevamos un 2016 sin Gobierno, no tenemos presupuesto para el 2017 y el límite para presentarlo a las correcciones de Bruselas es el próximo 15 de octubre. Es más, hemos pedido prórrogas para el cumplimiento del objetivo de déficit y nos las han concedido, hemos incurrido en incumplimientos penalizables con multa y nos hemos librado. Que la diosa fortuna nos siga acompañando.