La decisión comunitaria de no imponer una importante multa a España por los incumplimientos de las reglas fiscales es una nota positiva para nuestra economía. También lo es que se haya extendido el plazo para alcanzar los objetivos de consolidación hasta el 2018. Pero ahí se acaban las buenas noticias: la contrapartida de todo lo anterior es que parece seguro que, esta vez sí, se acabaron las componendas de última hora, y que si se produce un nuevo incumplimiento la multa será automática y exorbitante (5.500 millones de euros). Lo que significa que, durante los dos próximos años, España experimentará una dura contracción fiscal, de 10.000 millones de euros. Y algo quizá más inquietante: la política económica española se verá de nuevo sometida a un mecanismo de vigilancia reforzada.
El por qué se ha llegado a esta solución -cuando los halcones de la austeridad apostaban decididamente por la multa- probablemente se explique por el delicado momento que vive la UE después del brexit. Al temor a originar nuevos problemas en dos economías -además de la española, la portuguesa- que han experimentado fuertes choques fiscales en los últimos años, cuando amenaza un contexto de creciente inestabilidad, se une quizá el deseo de no crear un agravio comparativo con lo que parece está a punto de ocurrir en relación con Italia: saltarse a la torera las normas aprobadas, en ese caso relativas a las ayudas de Estado para salvar bancos. Todo ello da idea del entorno de dudas, miedos y descontrol institucional que atenaza ahora mismo la toma de decisiones en la Unión.
Sea como fuere, la importancia del ajuste que viene, y su impacto económico y social (y acaso también político), están fuera de toda duda. El ministro De Guindos se ha apuntado de inmediato a la hipótesis más optimista: el ajuste saldrá del crecimiento económico, que seguirá siendo robusto. Sin embargo, cabe ser al menos escéptico sobre esta posibilidad, dado que si con las tasas de alto crecimiento de los últimos años -que ahora no se repetirán- el déficit siguió disparado, ¿por qué habría de ocurrir ahora lo contrario? ¿Quizá porque ahora no será posible en ningún caso el descarado oportunismo con el que el Gobierno se ha manejado en estos asuntos en el pasado reciente? Hay, además, otra razón para ver con una cierta aprensión la relación entre déficit y crecimiento económico durante el próximo bienio: si la actividad ha crecido tanto a partir del 2014 ha sido precisamente por el efecto expansivo del déficit público (junto con el empujón del consumo privado). Por eso, si ahora este último se ve sometido a una fuerte reducción, ¿qué podemos pensar que ocurrirá con los ritmos de crecimiento?
Es de temer, por tanto, que el ajuste impacte seriamente sobre el gasto o los ingresos públicos. Si ocurriera lo primero, la gravedad del efecto contractivo sería enorme, como lo sería su coste social, pues no hay duda de que las partidas afectadas serían sobre todo, de nuevo, la sanidad, la educación y la política inversora. O sea, justo lo contrario de lo que necesitamos. Por eso, el único modo de afrontar con racionalidad el grave problema que ahora mismo tiene la sociedad española es disponerse a subir impuestos, pues ahí existen todavía algunos márgenes (evidentes si se compara con lo que ocurre en otros países europeos).
Lo que en último término se está poniendo de manifiesto es la necesidad de poner en marcha de una vez una genuina reforma fiscal, hasta ahora soslayada, que aúne una mayor justicia en el reparto de las cargas con el aumento de la capacidad recaudatoria del Estado.