Sistema de pensiones y estructura impositiva, dos debates pendientes y que habíamos dejado pospuestos; quizás porque tendemos a esa máxima de centrarnos siempre en lo urgente y dejar lo prioritario para mañana, o simplemente porque el encargado de lanzarlos a la arena pública es consciente de que son dos cajas de Pandora. Dos reformas que moverán aguas quietas, que harán emerger otros problemas, que sea cual sea la solución que les demos, habrá perjudicados, provocarán dosis de incertidumbre, no aportarán votos y con toda seguridad generará algún disgusto al Gobierno. Estamos ante dos reformas que solo pueden ser resueltas con un Pacto de Estado.
En la última fase expansiva de nuestra economía (1997-2007), se produjo un importante incremento de la recaudación, reduciéndose la brecha de presión fiscal que tenía España con su entorno. De este modo, el diferencial con la UE15 quedó reducido a solo dos puntos de PIB, y alcanzamos la convergencia con la UE27. Estos datos nos llevaron a una deducción muy lógica, si tenemos la misma presión fiscal entonces tenemos, más o menos, la misma estructura impositiva. Porque si no fuera así, ¿cómo podríamos haberlos igualado? Con esa máxima vivimos felices hasta que la crisis económica reveló que el incremento de los ingresos tributarios no estaba descansando sobre una estructura homogénea con Europa, sino sobre dos vigas de madera carcomida, el bum financiero y el inmobiliario. Se derrumbaron las vigas y la recaudación impositiva cayó en barrena, de tal modo que esta era del 37,1 % del PIB en el 2007 y, solo dos años después, en el 2009, había caído prácticamente siete puntos, hasta situarse en el 30,7 % del PIB. Déjeme que le muestre algunos datos, la base imponible consolidada sujeta al Impuesto de Sociedades en el 2006 era de 158.000 millones de euros, en el 2015, prácticamente la mitad, poco más de 80.000 millones ¿La diferencia en recaudación? 20.000 millones. Ahí tiene, por ejemplo, la cantidad necesaria para sostener el déficit de nuestro sistema de pensiones. Ese mismo año, el 2006, la renta bruta de los hogares derivada de salarios era de 322.000 millones, prácticamente la misma que hoy; pero la proveniente del sistema de pensiones ascendía a 84.000 millones; al terminar el 2015 esa cantidad era de 127.000 millones, la más alta de la historia ¿Qué estoy queriendo decir? Que hace doce años, de cada cien euros que entraban en una familia española solo dieciocho provenían de una pensión, hoy, prácticamente veinticinco y subiendo. Con estos datos, a nadie se le escapa que si no fortalecemos el sistema de pensiones no es que vayamos a hundir a los jubilados, es que vamos a destrozar el principal motor de la economía española, el consumo familiar. Dicho esto, hay que apuntar lo siguiente, con la actual estructura impositiva no seremos capaces de hacerlo. Y centrar la mirada sobre el IRPF no lo considero acertado, máxime si recordamos que la presión fiscal que ejercemos sobre las rentas personales, esencialmente nuestras nóminas, está en los tramos más altos de la UE ¿Entonces? Aunque hay varios caminos que pueden ser recorridos; espero que la clase política española no le siga negando a este país una profunda reforma territorial. No obstante, esta reforma no sería suficiente para asegurar la estabilidad presupuestaria. Habría que apuntalarla y para ello hemos de crear mecanismos que eviten que el tipo efectivo medio del Impuesto de Sociedades sea el chiste que es actualmente para las grandes empresas, poner en marcha una imposición medioambiental y, lo verdaderamente crucial, debatir sobre la imposición al consumo; ahí y en la imposición sobre la renta personal está el granero de la recaudación. No hay otra, bueno esperar, y a lo mejor resulta ser la opción ganadora, como a eso ya estamos acostumbrados.