El titulo de este artículo quizá debería figurar entre interrogantes: después de la incapacidad mostrada en los últimos meses por las fuerzas políticas españolas para lidiar con el complejo escenario multipartidista, podría pensarse que seguiremos con Gobierno en funciones y eternas negociaciones hacia ninguna parte. Puede ser, pero el escenario de unas terceras elecciones es tan enojoso que cabe pensar que, esta vez sí, se encontrará una fórmula de gobierno.
Pues bien, ese Gobierno, el que sea, deberá ponerse rápidamente a la tarea. Porque siendo cierto que el limbo político no parece haber dañado de momento a la economía, a la vuelta del verano ya todo podría ser distinto. En este punto habría que distinguir entre las decisiones verdaderamente importantes y las urgentes. Las primeras se refieren a la entrada en la agenda política, buscando acuerdos que han de ser necesariamente amplios, de una secuencia de reformas políticas, económicas e institucionales (incluyendo la difícil cuestión del cambio del modelo territorial). Desde un punto de vista estrictamente económico, una genuina reforma fiscal, el retorno de una política industrial o un cambio en el modelo de innovación son algunos de los ejes imprescindibles de un nuevo tiempo. Ahora, sin embargo, me centraré en lo que resulta impostergable de cara a los meses que vienen, que no van a ser nada fáciles.
Y ahí destacan tres cuestiones, que están además muy relacionadas entre sí. La primera es la más que probable ralentización del crecimiento. A no ser que aparezca alguna nueva sorpresa positiva con la que ahora nadie cuenta, el viento de cola que en los últimos años trajo la combinación de petróleo barato, caída del euro y condiciones de relax monetario extremo, podría cesar. También hay, desde luego, factores internos, pero no debiera olvidarse que una parte significativa del actual ritmo de crecimiento se debe al aumento del consumo privado y al olvido de la consolidación fiscal durante el último año. Respecto al auge del consumo, no parece que tenga muchas perspectivas de continuidad, sobre todo debido a la persistencia de la contención salarial.
Sobre el asunto del déficit público, tan relacionado con el oportunismo electoral, gira la segunda de las cuestiones acuciantes. Porque nadie ignora que, una vez pasadas las elecciones, regresará toda la presión de los socios europeos para que España cumpla con rapidez los objetivos de estabilidad, ya sea con multa o sin ella. Y aquí es fundamental que el nuevo Gobierno haga lo contrario de lo que ha venido siendo la estrategia de alianzas de Mariano Rajoy: apuntalar el campo del nein del Gobierno alemán ante cualquier posible cambio de las reglas fiscales. Ahora, en cambio, España debiera apoyar la posición de quienes son sus aliados naturales en esta cuestión y en otras muchas -los países del sur- respecto al proceso de renegociación que, casi con seguridad, no tardará en abrirse. De ello dependerá la intensidad del efecto que surta el recorte adicional en el gasto, de 8.000 millones de euros, que deja como herencia la anterior situación política.
Lo anterior nos lleva a la tercera y fundamental cuestión: es obvio que tras el brexit, no solo el club del euro, sino el conjunto de la UE, tiene que afrontar reformas profundas. Se ha visto que, de no hacerlo, pronto surgirán nuevas amenazas de salida (ya se habla de ello incluso en uno de los países fundadores, Holanda). Por eso, no sería raro que la propia Comisión abriera ese melón de forma inmediata (en todo caso, debería hacerlo). Y ante ello, por mucho que este asunto haya estado ausente en la campaña electoral, el nuevo Gobierno español, el que sea, tendrá que fijar rápidamente su posición.