Más recaudación, menos ingresos

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Los municipios gallegos ya superan la media española en cuanto a gestión recaudatoria, pero ingresan casi 300 euros menos al año por habitante. Invierten más en residuos, agua y alumbrado por la dispersión territorial que caracteriza a la comunidad

22 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El incremento de la recaudación por tasas e impuestos se ha convertido en la principal palanca de ingresos de los ayuntamientos gallegos desde el inicio de la crisis. En un contexto de notoria desaceleración de la entrada de fondos públicos procedentes de transferencias de otras administraciones, principalmente del Estado, los concellos se han aplicado en mejorar su capacidad recaudatoria para compensar la merma de ingresos por esa vía y también por el pinchazo de tributos que, con el estallido de la burbuja del ladrillo, dejaron de nutrir las arcas municipales. La recaudación fiscal de los 314 concellos, en lo que respecta a la cesta de los impuestos directos (el IBI y los que grava las actividades económicas y los vehículos de tracción mecánica, fundamentalmente) y las tasas, se ha incrementado en 151 millones desde el 2008. Es un 25 % más de lo que ingresaban esos ayuntamientos en los albores de la crisis.

Y pese a todo, el municipalismo gallego sigue muy por debajo de la media española en sus ingresos. Un informe elaborado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) cifra ese desajuste en casi 300 euros de media por habitante y año. Mientras en el conjunto de los ayuntamientos españoles entran 1.048 euros por ejercicio, los de esta comunidad se quedan en 772. Ese desequilibrio se explica, en buena parte, por el agravio que padecen los municipios gallegos en la participación en los ingresos del Estado. El modelo de reparto aprobado en el 2004 provoca que, mientras los gallegos recibirán este año una media de 209 euros por habitante, los ayuntamientos madrileños, por ejemplo, ingresarán 344. Otro ejemplo: Zaragoza contará con una entrega a cuenta del Ministerio de Hacienda más elevada que la suma de las siete principales ciudades de esta comunidad. Pero en el desfase en la entrada de recursos en las arcas locales también influye la brecha en la recaudación procedente del IBI.

A pesar de la escalada que ha experimentado desde el 2012 el impuesto que grava los bienes inmuebles, como consecuencia de la puesta al día de los tipos impositivos, la enorme diferencia en el valor catastral se traslada a la recaudación. El valor catastral medio por inmueble está en Galicia en 33.000 euros, cuando en el conjunto de España asciende a 60.000. Los técnicos de la Red Localis advierten al respecto que el elemento básico para la mejora recaudatoria de los concellos es la actualización de las ponencias de valores, «que presentan en su gran mayoría antigüedades superiores a 10 años». Pero observan que, al mismo tiempo, también es determinante la corrección de los «efectos no deseados» que esas actualizaciones producen en el cálculo de las participaciones en los ingresos del Estado. La Fegamp apunta, en este sentido, que el menor poder recaudatorio en el IBI repercute de forma negativa en ese concepto en los concellos de menos de 75.000 habitantes. El organismo municipalista cuestiona que el sistema de reparto de esos recursos no prima la corresponsabilidad fiscal sino la capacidad económica de cada ayuntamiento, con lo que prima a los que tienen más recursos.

Aquí es preciso recalcar que el problema de la menor entrada de ingresos a través de los impuestos es, según los técnicos, de una presión fiscal que en Galicia sigue siendo baja, pero no de una mala gestión recaudatoria. Porque los ayuntamientos gallegos se encuentran ahí por encima de la media española. En su último informe sobre la situación financiera de los municipios, la Red Localis subraya que, con la excepción de las tasas donde los resultados están igualados, los porcentajes de recaudación en todos los impuestos locales superan las medias estatales con diferencias que van del 9 al 5 %. Recuerda también que el propio Consello de Contas señaló que aquellos concellos de 20.000 a 50.000 habitantes que han encomendado la gestión recaudatoria a las diputaciones presentan mejores resultados.

Pese a estos escollos, los municipios gallegos contemplaban en sus presupuestos del 2015 la previsión de recaudar 754,5 millones en impuestos directos, 150 más de lo que esos tributos aportaron a sus cuentas en el 2008. Y el IBI es lo que tira de ese repunte. Los concellos ingresaron en el 2014 (último ejercicio con el presupuesto liquidado) un total de 484,6 millones procedentes del IBI de naturaleza urbana. En el 2011 habían recaudado por el mismo impuesto 395,9. Si se atienden los ingresos por habitante, en esos cinco años, el IBI urbano ha pasado de reportar a los ayuntamientos gallegos 141,6 euros anuales a inyectar 176,30. Si en el 2011 su peso en los ingresos globales los municipios era del 17,7 %, ahora alcanza el 22,2. El otro gran pilar de la financiación local, al margen de las transferencias, son las tasas, que suman 306 millones, 20 más que en el 2008. También han aumentado las transferencias, aunque su peso en el conjunto de los ingresos municipales es menor ahora que antes de la crisis. En el 2007, prácticamente la mitad de la financiación local (49,5 %) procedía de aportaciones de otras administraciones. Ahora representa el 42,7 %.

Los menores ingresos en relación a la media de los ayuntamientos españoles explican que el gasto de los gallegos también resulte más modesto. Pero hay excepciones elocuentes. Los gallegos, por ejemplo, invierten más por habitante en los servicios enmarcados en el programa de bienestar comunitario, dentro de unas prestaciones básicas a las que destinan 863 millones al año. Ahí entran la gestión de la basura, el agua y el alumbrado público. Como es lógico, ese mayor esfuerzo tiene una relación directa con la elevada dispersión poblacional que caracteriza el territorio gallego, y que hace que prestar el mismo servicio acarree aquí una factura más elevada que en otras comunidades.

Entre el 2011 y el 2014, la inversión de los concellos en bienestar comunitario ha crecido en 25 millones, que suponen pasar de 150 euros por habitante a 162. Pero en el resto de los grandes capítulos de gasto ha descendido, salvo pequeños incrementos en seguridad y movilidad. Aunque el mayor repunte se localiza en la partida destinada a amortizar deuda pública, que en el 2008 absorbió 113,5 millones y en el 2014 captó 158,6.