Se trata de un importe fijo de 17,50 euros al mes y obligatorio para todos los hogares germanos, independientemente del número de aparatos que tengan
01 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.¿Puede alguien acabar en la cárcel por no querer ayudar a financiar los medios de comunicación? En Alemania, por lo que parece, sí. Al menos eso es lo que le ocurrió a una mujer de 46 años, a quien las autoridades trasladaron a un centro penitenciario de Chemnitz (en el este del país) el pasado 5 de febrero, tras comprobar que desde el 2013 no había pagado la cuota obligatoria al organismo de la radiotelevisión pública. La ciudadana oriunda de Turingia se negó además a que le embargaran sus pertenencias para compensar el impago, e insistió en que la tarifa es inconstitucional.
«Nunca he protestado ni ignorado los escritos, solo quería que la justicia me explicara la legalidad de esa contribución. Veremos lo que ocurre...», declaró al diario Welt am Sonntag la acusada, que dijo no tener radio ni televisión en casa y que fue puesta en libertad el 5 de abril, después de pasar dos meses en prisión. Quizás sea el caso que más revuelo ha provocado, pero no es el único. Según datos oficiales, a finales del 2014 había 4,5 millones de hogares, empresas o instituciones que no pagaban dicha tarifa, o que solo lo hacían tras ser reprimidos por la vía legal. Es decir, casi un 10 % del total de los contribuyentes.
Entre ellos figura incluso algún político, como la vicepresidenta de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch, a quien le intervinieron las cuentas a principios de abril, por deber 240 euros al organismo reponsable de hacer caja para los medios públicos. Von Storch está decidida a proseguir con su acto de «insumisión civil», explicó hace unos días Ronald Gläser, portavoz de la filial berlinesa de AfD, que propone la supresión de la tasa a partir del 2018.
Pero el viernes pasado, el Tribunal Constitucional envió una señal muy distinta, cuando desestimó varias demandas presentadas contra el controvertido sistema de financiación. Los partidarios aseguran que garantiza el carácter imparcial del periodismo, mientras los detractores denuncian que se trata de un impuesto encubierto. El debate está servido, y es tan antiguo como la propia tarifa, que data de los años 20.
Bautizada primero como GEZ (sistema de recaudación de cuotas, por sus siglas en alemán), el importe se establecía según el tipo y el número de aparatos que tuviera cada hogar. No obstante, a partir del 2013, cambió su nombre por el de «cuota de la radiotelevisión pública», y empezó a fundamentarse en la idea de que, a raíz de la revolución digital, los dispositivos no son necesarios para ver la tele o escuchar la radio, ya que se puede hacer mediante teléfonos móviles y tabletas.
Por eso, se estableció una cuota fija para todos los hogares, que desde abril del año pasado es de 17,50 euros mensuales, independientemente de si tienen aparatos o no. La única excepción a la regla son aquellas familias en situaciones de precariedad social. En el caso de las empresas, asociaciones e instituciones la cantidad que hay que abonar depende exclusivamente de la cifra de empleados y filiales. La recaudación, que solo en el 2014 alcanzó los 8.320 millones de euros, va a parar a las cuentas de la primera televisión pública alemana, ARD, la segunda, ZDF, y la radio pública.
«Recomendamos reducir la tarifa» a unos 17,20 euros al mes en el 2017, defendió hace poco el presidente de la comisión independiente encargada de determinar el importe, la denominada KEF, Heinz-Fischer Heidlberger. En el 2014 incluso el consejo jurídico del ministerio de Finanzas exigió a la plana política que busque alternativas a este sistema. Se ha barajado con la introducción de un gravamen comunitario, pero muchos expertos aseguran que sería problemático, ya que implicaría que la financiación de los medios corra a cargo del Estado.