El organismo, creado en el 2008 a propósito de la crisis económica, sirvió para recomponer el nuevo orden mundial. Supo dar respuestas en medio de la recesión, pero ahora es incapaz de organizar el desorden económico.
22 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.¿Puede una economía internacionalizada hasta el extremo convivir con reglas, políticas y procedimientos de control que en gran medida siguen siendo nacionales? En el ámbito particular e importantísimo de las finanzas, que es donde la globalizaciónn ha llegado más lejos, ¿puede venir algo bueno de una situación en que la regulación de esas actividades ha quedado confinada dentro de las fronteras nacionales? Las respuestas a estos dos interrogantes cruciales no pueden ser sino negativas. El nacimiento del G-20, en el otoño de 2008, partió del reconocimiento de esa verdad obvia, en las circunstancias particularmente peligrosas de los comienzos de esta crisis.
Probablemente la principal aportación de esa nueva organización internacional estuvo en su propia existencia: al ponerlo en marcha, se reconocía a todos los efectos que las fórmulas G hasta ese momento vigentes -la más importante era el G7- resultaban ya insuficientes para tratar problemas muy vivos que desbordaban a un pequeño grupo de países, por opulentos que éstos fueran. Había por tanto que dar entrada a los protagonistas de nuevos milagros económicos en la periferia del sistema -el mundo antes llamado «en desarrollo»-, y aquí el gran protagonismo correspondía a los países Brics.
En realidad, era un nuevo orden mundial el que estaba en alza, con nuevos actores que pedían un papel más destacado en todos los órdenes: un capacidad mayor de decisión en las viejas agencias multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial; una participación activa y desde el primer día en las nuevas organizaciones internacionales que se crearan; y un sitio preferente en la sala de máquinas para afrontar los principales y más inmediatos problemas que fueran surgiendo en la economía mundial. En ese sentido, hay que ver el G-20 como una pieza clave de ese proceso de recomposición del poder mundial, en lo económico, pero también en lo geoestratégico. Un proceso en el que es fácil observar un desplazamiento de la balanza de poder hacia el Pacífico, sobre todo hacia el ámbito asiático. El gran éxito de la creación del Banco Asiático de Inversión, bajo la influencia china, que contó con la participación de decenas de países de todo el globo, es otra pieza importante que certifica esa tendencia que parece inexorable.
Es por eso que podemos pensar que el G-20 ha venido para quedarse durante bastante tiempo en las relaciones internacionales, lo cual no es poco mérito. Sin embargo, la secuencia de cumbres de ese organismo ha ido dejando la impresión de que sus ambiciones van a menos. En general, puede decirse que ha sido útil a la hora de coordinar las respuestas por la vía de urgencia a algunos problemas graves de la coyuntura internacional (como la posibilidad de guerras cambiarias, los consecuencias de cambios de dirección de las políticas monetarias o el temor a espirales proteccionistas). Sin embargo, el G-20 ha resultado bastante decepcionante en un aspecto que fue crucial para su creación: la búsqueda de cambios estructurales en las relaciones económicas internacionales, y en particular, la creación de una nueva gobernanza a escala global.
Es decir, el G-20 lo ha hecho bastante bien en cuanto a improvisar respuestas en medio de una crisis que tiene múltiples y sorprendentes caras. De hecho, muy probablemente algunos desequilibrios de la economía mundial estarían peor de no existir el G-20. Pero en lo que de momento ha fallado es en la conformación de una agenda progresiva para poner orden sistemático y permanente en lo que está muy desordenado.
Si repasamos brevemente las diez cumbres celebradas, comprobaremos lo acertado de esta afirmación. Fijémonos en una de las propuestas de reforma más reiteradas en todas las citas anteriores, desde las cumbres de Toronto y Seúl en el 2010: la reforma del sistema de cuotas y el reparto del poder de decisión dentro del FMI. A pesar de la presión del mundo emergente, esa reforma apenas ha avanzado. De hecho, en el comunicado de la última cumbre, realizada en Antalya, se insiste en «el fuerte énfasis sobre la importancia de la plena introducción del Acuerdo de 2010 sobre la gobernanza del FMI». Leído sin eufemismos: cinco años después, aquel acuerdo no ha sido llevado aún a la práctica.
En el ámbito de la regulación financiera a escala global -una de las grandes prioridades de la organización desde su nacimiento, lo cual, por cierto, es en sí mismo interesante, pues deja atrás la nefasta idea de que la mejor regulación de las finanzas es la que no existe-, las propuestas se han intensificado en las tres últimas cumbres. La organización encargó al Consejo de Estabilidad Financiera, radicado en Basilea, una propuesta concreta de reforma de la regulación antirrescate de los bancos sistémicos (las 30 mayores entidades bancarias del mundo). Esa propuesta detalla un estándar internacional común de instrumentos de reserva -deuda especial o deuda convertible en capital, lo que no debe confundirse con el sistema llamado Basilea III-, por el cual «la capacidad de absorción total de pérdidas» de esas entidades debe alcanzar al menos el 16 % de sus activos de riesgo en el 2019, y el 18 % en el 2022. Cabe saludar como algo muy positivo la aprobación de ese criterio en la reciente cumbre, pero también hay que señalar que esos porcentajes son inferiores a los inicialmente propuestos por el Consejo, debido a la presión de las entidades afectadas.
La otra novedad interesante es el plan para evitar la evasión de impuestos por parte de las multinacionales. En este caso, la propuesta fue encargada a la OCDE, y aprobada en su redacción inicial por la cumbre del 2014, celebrada en Brisbane. Básicamente, el llamado plan BEPS por sus siglas en ingles (contra la erosión de bases imponibles y la traslación de beneficios) consiste en medidas de extensión de la transparencia, mediante el intercambio obligatorio de datos fiscales entre los países miembros. Este plan, ahora formalizado en Antalya, representa sin duda una mejora, pero no parece que sea aún la medida definitiva para evitar que casi un cuarto de billón de dólares se siga evaporando cada año en los múltiples agujeros de la fiscalidad a lo ancho del mundo.
Con todo, hasta el momento, el principal fracaso en la historia del G-20 está en sus estrategias de reforma para «un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado», y en la búsqueda de «nuevas fuentes de crecimiento». Quizá haya sido mala suerte, pero cuando este año parecía que ese objetivo se tomaba más en serio, ha sobrevenido la desaceleración de las economías emergentes, y en Antalya solo se ha podido constatar algo parecido a lo de las cumbres anteriores: que en este punto la economía mundial apenas experimenta progresos.
En resumidas cuentas, el G-20 ha sido actuado como un factor positivo en la evolución de la economía internacional a lo largo de los últimos años. Pero no parece haber estado a la altura del papel que le correspondería en un mundo en rápido cambio.