La independencia de Cataluña y el País Vasco no agravaría el déficit del sistema público de pensiones español. Al ritmo actual, el Fondo de Reserva apenas durará tres años más, porque el actual modelo, consistente en un sistema de reparto basado en ingresos sobre los salarios, solo alcanza para pagar el 72 % de la cuantía efectiva para afrontar la totalidad de las pensiones
26 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La prolongada y profunda crisis económica que ha asolado España en los últimos años está dejando una huella alarmante en nuestro estado de bienestar. Sin duda se está comprobando esa preocupante huella en las prestaciones sanitarias y educativas que realizan las administraciones públicas, también en una cobertura del desempleo bajo mínimos o en unas prestaciones a la dependencia muy alejadas de las necesidades sociales.
Pero si hubiese que destacar un vector del estado de bienestar donde la huella de la crisis se manifiesta más amenazante y difícil de gestionar a medio plazo este es el caso del sistema público de pensiones. Tanto por su importancia cuantitativa (hablamos de más de un 30 % del gasto de todas las administraciones públicas y de muchos millones de beneficiarios) como cualitativa, al dirigirse a la población más vulnerable (junto a la infancia) del país.
La Seguridad Social ha presentado sus cuentas territorializadas del pasado año 2014 y de ellas debemos tomar buena nota para pensar muy mucho qué tipo de medidas se han de tomar si queremos evitar su colapso financiero. Pongamos por caso medidas, por activa, que pretendan incentivar el empleo por medio de bonificaciones o tarifas de cotización que reduzcan los ingresos del sistema o medidas, por pasiva, que no aborden a corto plazo la sustitución de un modelo de financiación fundamentalmente basado en un impuesto (cotizaciones) sobre los salarios por un modelo mixto donde éstos vayan dejando un espacio creciente a ingresos derivados de la fiscalidad general (patrimonio, capital, o rentas no salariales).
Pues una economía cada vez más automatizada y con una productividad por empleo cada vez mayor, difícilmente puede sostener un sistema de reparto basado en ingresos sobre los salarios. Es ésta una contradicción de fondo en sus propios términos, más allá de que en estos momentos la esté amplificando la prolongada crisis financiera e inmobiliaria de la economía española.
El año 2014 los ingresos por cotizaciones sobre las rentas salariales del sistema público de pensiones alcanzaron los 75.000 millones de euros, mientras los gastos en pensiones ascendieron a cerca de 105.000 millones. Quiere esto decir que los actuales ingresos del modelo vigente solo alcanzan para pagar un 72 % de las pensiones del sistema. Y sucede esto a pesar de que la pensión media es manifiestamente insuficiente y de que se está produciendo un ajuste en su poder adquisitivo o un aplazamiento de la edad de jubilación más allá de los 65 años.
A pesar de todas esas medidas, la recaudación derivada de las cotizaciones de los actuales ocupados en España se quedan en unos treinta mil millones por debajo de las necesidades del sistema. Se entiende así que cualquier medida que reduzca dichas cotizaciones es una amenaza para su sostenibilidad. Como por ejemplo, la razonable idea de suprimir la cotización mínima para los autónomos mientras no se garantice que los ingresos declarados por ese colectivo se ajustan a la realidad de su facturación (sin economía negra). Actuar en aquella dirección sin esta salvaguarda se traduciría, de hecho, en una nueva bomba de flotación sobre el sistema.
La cobertura de esa brecha entre ingresos por cotizaciones y pagos de pensiones se realiza por la doble vía de hechar mano de los ahorros y del endeudamiento. Los ahorros provienen de las disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En un gráfico presentamos su evolución para los últimos años. En el 2014, se produjeron cuatro disposiciones por más de quince mil millones de euros. De cara al futuro se prevé que los rendimientos del Fondo (intereses de su colocación en deuda pública) se hagan cada vez menores, lo que provocaría que al ritmo actual, el Fondo apenas llegase para hacer frente al desequilíbrio del sistema en los próximos tres años. Sobre todo si el recurso al endeudamiento público (la Seguridad Social provoca un déficit del 1 % del PIB español para cuadrar sus cuentas) se ve limitado desde la Comisión Europea a un 3 % que absorberían totalmente los intereses de la deuda.
Tiene un muy singular interés identificar cómo se distribuye territorialmente aquel 72 % de cobertura de los ingresos para pagar las pensiones, ahora que ya sabemos que el restante 28 % se cubre de forma centralizada por el Fondo de Reserva o por nueva deuda pública. En un segundo gráfico, representamos la situación de las distintas comunidades autónomas para dicho año 2014 en relación a la rateo media española.
Baleares, Madrid, Canarias, Murcia o Navarra se sitúan con claridad por encima de dicho porcentaje, lo que quiere decir que tienen una menor insuficiencia para cubrir sus pagos de pensiones. En un sistema de caja única como el actual son regiones que están contribuyendo a cubrir el intenso déficit que anotan otras regiones españolas (singularmente Asturias, Cantabria, Castilla-León o Galicia). De no existir este sistema de compensación interterritorial, el vaciado del Fondo de Reserva o el endeudamiento público tendría que ser más intenso.
Es muy importante resaltar que dos regiones ricas (el País Vasco y Cataluña) tienen una rateo entre ingresos y pagos de pensiones problemáticos. El País Vasco con una cobertura del 64 % no debe extrañar que viva feliz con un sistema de cupo para el resto de los servicios públicos, sistema que le permite no aportar recursos a las regiones menos ricas como ponen de manifiesto sus balanzas fiscales. Y es así que, al mismo tiempo que no realiza una solidaridad activa con ellas, se beneficia (en lo relativo a las pensiones) de la solidaridad del resto de España para cuadrar su déficit (por nada menos que casi tres mil millones de euros). Aún descontado el recurso al Fondo de Reserva y al déficit del Estado, el País Vasco está ocho puntos por debajo de la media nacional lo que quiere decir que recibe cotizaciones por 614 millones de euros de regiones que non son más ricas.
Algo semejante sucede con Cataluña. Al situarse en la media nacional en esta cuestión no estaría aportando nada, como región rica que es, a la cobertura del sistema en las regiones menos ricas. O dicho de otro modo, si igualase su saldo fiscal en el subsistema de pensiones a la intensidad que éste tiene en Madrid (o en Baleares) tendría que aportar unos 4.500 millones más al sistema de caja única.
¿Y cuáles serían los efectos en Galicia de la independencia de Cataluña?
Para quién siga este crucial asunto (que ha puesto en la agenda política nada menos que la ruptura del espacio de soberanía que aún hoy es España) admitirá que tener un diagnóstico claro no resulta fácil. Y ello aún limitándose a la cuestión fiscal: es decir, a los efectos de dicha articulación sobre la cobertura de los servicios esenciales o fundamentales de nuestro estado de bienestar. Es decir, dejando a un lado los efectos sobre los mercados exteriores, financieros, de recursos naturales, laboral, etc.
Señalo aquí algunos argumentos conclusivos que me han ayudado a tener una idea más clara y distinta sobre el asunto.
El primero, que en la actualidad los saldos relativos medios por habitante y las comunidades autónomas se ajustan en general al respectivo nivel de riqueza, salvo en el caso de la comunidades forales. Porque estas comunidades muy ricas no estarían aportando a las menos ricas en la subbalanza autonómica (que incluye sobre todo sanidad y enseñanza), y recibirían de las menos ricas para sus gastos en pensiones (como acabamos de ver el País Vasco, en el 2014 recibe tres mil millones para cuadrar sus pagos de pensiones).
El segundo, que Cataluña ocuparía una posición ajustada a la media de cohesión española (aportando) mientras Galicia también lo estaría (recibiendo). Con una asimetría: que mientras Cataluña en la subbalanza autonómica hace su parte -y no más- para la cohesión, en el apartado de protección social (pensiones) tiene un saldo fiscal equilibrado. Ajustado a la media nacional en el gráfico que ya comentamos. Un factor clave que distancia a Cataluña del esfuerzo redistributivo global por ejemplo de Madrid.
Con estos dos argumentos basta para obtener dos conclusiones muy relevantes tanto para Galicia como para el futuro de la cohesión social y territorial en España.
La primera, que si el actual saldo fiscal positivo para Galicia asciende a un 5,7 % del PIB, un escenario de independencia de Cataluña supondría un ajuste de unos 1.000 millones (sobre todo de la subbalanza autonómica, es decir para sanidad y educación) sobre los 3.200 millones de saldo fiscal del 2011. Lo que supondría caer a un saldo fiscal positivo del 4 % del PIB.
Es éste un escenario que no afectaría al saldo de la subbalanza del sistema de pensiones en Galicia que en el 2014 informa de unos ingresos de 4.000 millones de cotizaciones y unos pagos de pensiones de 6.900 millones (un 57 % cubierto con cotizaciones), saldo positivo para nosotros en casi tres mil millones.
La independencia de las dos regiones ricas españolas (Cataluña y País Vasco) no tendría porque perjudicar al vector de las pensiones (un 30 % del estado de bienestar y determinante para Galicia) y podría tener efectos manejables en los servicios en especie sanitarios y educativos (decisivos en la subbalanza autonómica).
¿Porqué digo manejables? Porque si de lo que acabamos de ocuparnos es de una eventual ruptura del espacio social de la peseta, en el nuevo espacio social del euro hay mucho que avanzar en cohesión. Como hoy los saldos netos por Estado miembro nada tienen que ver con la renta respectiva (lo que aportan los ricos no es más cuanto más ricos son a diferencia de lo que sí sucede en España) cualquier avance en esa dirección permitiría que servicios públicos dirigidos a los más jóvenes y movilizables (como los educativos o de protección al desempleo) contasen con financiación solidaria europea.
En esa situación la cohesión interna en España (sin Cataluña y el País Vasco) pivotaría hacia los más mayores (sanidad y pensiones), mientras que la externa europea lo haría hacia los más jóvenes (formación y desempleo). En ambos casos, español o europeo, se trataría de no desentenderse de «uno de los nuestros»: financiaríamos según nuestra renta y recibiríamos según riesgo o necesidades.