La nueva Lei de Portos abre la vía para ampliar las concesiones de 30 a 50 años
SOMOS MAR
La Xunta aprueba el proyecto que regula la gestión de las 122 dársenas autonómicas
04 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Algo más de 1.700 kilómetros de costa gallega y 122 puertos de titularidad autonómica que pueden alternar los usos de tipo pesquero con los comerciales, deportivos, industriales o logísticos, tanto por separado como combinando algunos de ellos. A todo esto es a lo que concierne el proyecto de Lei de Portos de Galicia, aprobado ayer por el Consello de la Xunta para su tramitación en el Parlamento, y que abre la puerta, entre otras cosas, a ampliar las concesiones administrativas en los recintos portuarios desde los 30 hasta los 50 años.
El nuevo texto normativo -el primero de este tipo en el ámbito autonómico- sale de la cocina de la Consellería do Mar, que se propone mejorar así la oferta de servicios portuarios y simplificar la tramitación administrativa de las diferentes actividades. De este modo se promoverá la competitividad en las dársenas que están bajo el paraguas de la Xunta y se facilitará la entrada de operadores económicos e inversores privados en algunos servicios que estaban ligados al sector público.
Para acompañar este propósito, el proyecto de ley amplía de los 30 a 50 años el plazo de duración de las concesiones administrativas en terrenos portuarios, con el fin de que los titulares de las mismas dispongan de más margen para amortizar sus inversiones. También habrá mayor transparencia en estas concesiones, pues todas ellas saldrán a concurso por si hay varios operadores interesados.
Retirada de buques o coches
La ley obligará a cada puerto a elaborar un plan de ordenación del suelo, con planificación específica para cada muelle y que refleje una zonificación de las actividades que se desarrollan en estas instalaciones. De igual modo, se regula la retirada de barcos, maquinaria o vehículos que hayan quedado abandonados en los puertos, al margen de quienes sean sus propietarios. De hecho, un buque abandonado podrá ser retirado de la línea de atraque a los seis meses, mientras que un coche o determinada maquinaria que estén inmovilizados en una dársena podrán ser retirados a partir de un mes.
Otros de los aspectos que regula la ley son los tiempos de respuesta para la autorización de atraque. De lo que se trata es de agilizar estos plazos, de tal forma que en 15 días ha de darse respuesta a una solicitud de amarre. En caso de que concurran varias peticiones y no quede línea de atraque disponible, se establecerá una lista de espera para regular la actividad y que tendrá en cuenta la antigüedad de la petición o las características del demandante.
Todos los puertos deberán redactar planes directores a cinco años vista, para reflejar cuáles son sus necesidades, con el fin de priorizar la dotación de nuevas infraestructuras o equipamientos.
Asimismo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, informó tras la reunión del Consello que la futura ley reforzará el carácter de agentes de la autoridad de los «garda peiraos», los guardias portuarios, que estarán facultados para iniciar expedientes de sanciones contra las actividades que puedan conculcar la normativa que entrará en vigor hacia el año 2018.