La Audiencia Nacional ordena anular los cambios de cuota en el Cantábrico

Insta al ministerio a ejecutar la sentencia del Supremo que tumbó el plan de gestión

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redacción / la voz

Por más que desde la Administración no hagan más que lanzar mensajes minimizando las posibles consecuencias de que la Justicia haya declarado nulo el primer plan de gestión del Cantábrico, los armadores no las tienen todas consigo y más que tranquilos están confusos y desconcertados. Máxime cuando ahora la Audiencia Nacional, atendiendo a un escrito del abogado de las armadoras ribeirenses Parleros y Pesquerías Playa de Fontán, Carlos Palmou, ha dictado una diligencia de ordenación instando a la Administración a que en un plazo de diez comunique el funcionario u órgano que se encargará de ejecutar la sentencia y a que detalle cómo va a hacer para dejar sin efecto los actos realizados al amparo de esa orden que fue anulada por la Justicia.

«Por más que el subdirector del caladero nacional diga que no pasa nada, la diligencia está ahí y el caos puede ser importante». No de menos entidad que el inminente aluvión de demandas por responsabilidad patrimonial que se avecina, porque «aunque la Administración presente contra la misma un recurso de casación contra la diligencia, no se interrumpe el proceso», explica Palmou.

El que fue tumbado por la Audiencia Nacional, primero, y rematado por el Tribunal Supremo, fue el primer plan de gestión para el Cantábrico, del 1 de julio del 2013. Ese fue el que marcó las claves de distribución de cuotas entre arrastreros, volanteros, palangreros de fondo, cerqueros, rascos y barcos de artes menores que operan entre Fisterra y el Bidasoa, además de establecer las reglas para permitir transferencias temporales y definitivas de posibilidades de pesca entre determinados segmentos de flota.

Estos traspasos, junto con el reparto de cuotas, fueron los que motivaron la demanda de las armadoras ribeirenses, convencidas de que había varias disposiciones de la norma que contradecían y contravenían la Ley de Pesca del 2001, de rango superior. 

Dictamen del Consejo de Estado

Pero los magistrados no llegaron a entrar tan al detalle en la cuestión. Tumbaron el plan del Cantábrico porque carecía del preceptivo informe del Consejo de Estado, un motivo que consideraron suficiente para declarar nula de pleno derecho la normativa. Y al haber sido declarada nula, que no anulada, es «como si ese plan nunca hubiese existido», explica Carlos Palmou. Por tanto, todas las compras de cuota y traspasos realizados no tienen validez, puesto que se hicieron amparados por una orden que no existió.

No fueron pocas las operaciones cerradas entre el 2013 y el 2015. En ese período, armadores que desguazaron su barco vendieron las cuotas de distintas especies que tenía asignada su embarcación a otras que continuaron en activo. Ahora esas transmisiones realizadas están en peligro puesto que son nulas, según la Justicia. Cómo se dejarán sin efecto es lo que tiene que aclarar ahora la Administración.

El plan posterior, que da validez a las compraventas, también está denunciado

Tras la anulación del plan de gestión del caladero del Cantábrico Noroeste por parte de la Audiencia Nacional -y antes de que se pronunciase el Tribunal Supremo-, el Ministerio de Agricultura -entonces aún no tenía Pesca en su nomenclatura- aprobó una nueva orden, esta sí con el preceptivo informe del Consejo de Estado, con el que puso límite a las operaciones de compraventa de cuota, vetadas para aquellos barcos que iban al desguace contando con ayudas públicas para ello. A la vez, ese mismo texto incorporaba una disposición mediante la que amparaba y pretendía dar validez a las transmisiones realizadas hasta esa fecha. Los armadores vieron en esa redacción un intento de rehuir la cascada de reclamaciones de responsabilidad patrimonial al dar por válidas unas operaciones realizadas en el marco de una ley declarada nula; esto es, un claro caso de fraude de ley, de ahí que el segundo plan de gestión del Cantábrico acabara también denunciado ante los tribunales, en este caso por los arrastreros agrupados en la organización Pescagalicia. Su gerente hizo el cálculo de valor de esos derechos de pesca transferidos definitivamente durante el 2015 y el resultado arrojó 15 millones de euros, que sería lo que habrían dejado de ingresar los 75 buques del censo de arrastre de fondo del caladero Cantábrico Noroeste si los derechos de barcos dados de baja se hubiesen repartido entre todos, como proponen.

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