El Supremo confirma la ilegalidad del plan de gestión del Cantábrico del 2013

El Tribunal Supremo ha lanzado definitivamente a la hoguera el plan de gestión del caladero nacional del Cantábrico y Noroeste del 2013. Lo ha hecho rechazando el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero del 2015, que ya asestó el primer golpe mortal al documento elaborado por la Secretaría General de Pesca al declarar nula tal orden.

Ahora, el Supremo le da la puntilla definitiva. Ni este tribunal ni la Audiencia entraron en las profundidades del plan de gestión. Lo tiran a la basura porque no contaba con el preceptivo informe del Consejo de Estado.

El Gobierno, viendo lo que se le venía encima, buscó pronto un recambio y aprobó a finales del 2015 otro documento de gestión del caladero, que es casi idéntico al anterior. Por eso, el sector confía en que este último -también recurrido en los tribunales, aunque ya informado por el Consejo de Estado- corra la misma suerte que el anterior y acabe en el cubo de los desechos.

Pero, el meollo de la cuestión está en que la anulación definitiva del plan del 2013 echa por tierra también las transmisiones de cuotas entre armadores, incluso de barcos con destino al desguace, que permitía. Estas prácticas comerciales se llevaron a cabo durante los años 2013, 2014 y 2015. El documento actual de gestión del caladero ya las prohibió, tras salir la sentencia de la Audiencia Nacional, aunque blindó las operaciones efectuadas con anterioridad.

El sector pesquero que se sintió perjudicado por esas transmisiones de cuotas prepara ya un aluvión de demandas contra la Secretaría General de Pesca para reclamar el lucro cesante. De momento, la armadora Parleros y Pesquerías Playas de Fontán, la misma que interpuso el recurso contencioso administrativo contra el ministerio por la orden del 2013, solicitará la próxima semana que la sentencia del Supremo se cumpla ya. Carlos Palmou, abogado de esta compañía, avanzó que se dirigirán a la Audiencia Nacional para que obligue al ministerio a que ejecute el fallo judicial. «La orden es nula, no existe, por tanto, las transmisiones de cuotas de barcos desguazados tampoco son válidas», incidió el letrado. Palmou augura que habrá un «aluvión de recursos».

Ejecutar la sentencia significará para el ministerio recuperar todas las cuotas que se comercializaron durante tres años y repartirlas entre los barcos que están en el censo del caladero. Pero todo eso se traducirá con toda probabilidad en indemnizaciones económicas tanto a los que compraron esas cuotas como a los que no pudieron hacerlo y se quedaron sin ellas.

Por las buenas o por las malas

Si el ministerio no lo hace por las buenas, podría tener que hacerlo por las malas. Porque organizaciones de armadores como Pescagalicia preparan demandas para reclamar lo que dejaron de ingresar durante esos tres años por disponer de menos cuota de la que deberían.

Torcuato Teixeira, secretario general de esta asociación de armadores con barcos de arrastre, avanzó que tras la sentencia del Supremo «xa se poden esixir responsabilidades», aunque para ello hay un año de plazo. Esta organización está valorando jurídicamente el impacto concreto del fallo, y próximamente convocará una asamblea para informar a los socios del alcance y de los pasos que aconsejará dar.

Los armadores tendrán que calcular de cuánta cuota adicional podrían haber dispuesto durante los años en que se permitieron esas transmisiones -efectuadas, sobre todo, por parte de empresarios con mayor poder adquisitivo- y estimar también el dinero que dejaron de ingresar como consecuencia de esas operaciones.

Las demandas serán primero en el ámbito administrativo, que podrían convertirse en recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio de Agricultura.

Solo en dos años dejaron de ingresar 30 millones por la venta de derechos

Pescadegalicia realizó hace unos meses el cálculo del valor anual de esos derechos de pesca transferidos definitivamente durante el 2015 y le salieron 15 millones de euros, que dejaron de ingresar los 75 buques del censo de arrastre de fondo del caladero Cantábrico-Noroeste. La organización de productores estimaba entonces que para el 2016 las pérdidas serían similares, «con lo que solo en dos años, en virtud de estas ventas de derechos ilegales, toda la flota de arrastre de litoral del Cantábrico se ha visto afectada con la imposibilidad de realizar ingresos por más de 30 millones de euros», subraya la asociación.

Juan Carlos Corrás, gerente de Pescagalicia, explicó que, según sus cálculos, durante los tres ejercicios en que el Gobierno central permitió a los armadores vender la cuota de barcos que al mismo tiempo se acogían a las ayudas para el desguace, se realizaron 23 operaciones.

La organización de productores considera que las cuotas vendidas bajo el paraguas del documento anulado deben ser reintegradas y luego repartidas linealmente entre todos los barcos que faenan en el caladero. Como siempre se hizo, salvo en ese impás entre el 2013 y el 2015.

Claro que los armadores que compraron esos derechos no están de acuerdo y consideran que la inversión que realizaron hace unos años debe respetarse.

Las cuotas, para pescar

Pescagalicia siempre se opuso a que se pudieran comercializar los derechos de pesca de aquellos barcos que se desguazan con ayudas públicas. Los adquiere el mejor postor, que después se dedica a alquilar, también al pague el precio más alto, porque no puede consumirlas. «As cotas teñen que ser para os que as pescan, non para alugar», remarcó Torcuato Teixeira.

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