Vence el plazo para aprobar el decreto de la estiba sin una solución a la vista

Un mes después de la aprobación del real decreto ley sobre la reforma de la estiba en los puertos españoles, cuando vencía el plazo legal para convalidar en el Congreso el texto normativo redactado por Fomento que detonó el conflicto, todavía no se ha dado con la fórmula para acabar con el monopolio en el servicio de carga y descarga portuaria. No se ha encontrado la solución ni en el marco de la negociación colectiva, ni con la mediación del Gobierno y ni siquiera en el plano político, dado que el Ejecutivo no consiguió reunir apoyos suficientes para aprobar el real decreto. Esto se habría traducido automáticamente en la inhibición de la Comisión Europea para pedir la ejecución de la sentencia, que impone sanciones económicas, de 137.000 euros diarios, si no se liberaliza el servicio.

Si a partir de hoy empieza a correr de nuevo el contador de la multa o no lo desconocen hasta en Fomento, que ayer no pudieron explicar qué pasará ahora que ha vencido el plazo de convalidación del decreto sin haberlo hecho, sin haberse presentado otro nuevo y con las negociaciones estancadas.

En mitad de este panorama, el ministro portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, apeló este viernes a la responsabilidad de los grupos políticos para poder aprobar la reconversión de la estiba antes de que la UE imponga una multa a España. El Gobierno sigue negociando con los grupos políticos, según dijo, porque «en cualquier momento» puede pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) y convertir en firme la sanción económica.

Nuevo encuentro

Patronal, sindicatos y Gobierno volverán a reunirse la semana que viene, en fecha por determinar, para tratar de desatascar la negociación, que el jueves entró en vía muerta al presentar Anesco su propuesta de reforma.

Con la de las empresas estibadoras son ya tres las que están ahora encima de la mesa. La del Ejecutivo, que ofrece ayudas para prejubilar a los estibadores con 50 años con el 70 % del sueldo, no recoge, sin embargo, la subrogación de los estibadores, una condición irrenunciable para los trabajadores, que además quieren que se garantice por ley.

Los estibadores, por su parte, están dispuestos a ceder hasta un 6 % de la masa salarial para completar las prejubilaciones -puesto que con las condiciones que ofrece el Ejecutivo se beneficiarían poco más de un centenar de personas de un colectivo de 6.150-, que se retirarían con un 80 % del sueldo.

Por último, las empresas plantean rebajar un 30 % el salario de los estibadores y cambiar el convenio colectivo para asumir la capacidad de organización del trabajo. Y todo sin garantizar la subrogación de los trabajadores, sino solo de aquellos que consideran necesarios.

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