Long Hope apela a Rajoy para que el Gobierno asuma su causa contra Oslo

Le recuerda por carta la obligación que tiene el Estado de proteger a los emigrantes

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redacción / la voz

Long Hope, la asociación que agrupa a exmarineros españoles -en su mayoría gallegos- que trabajaron en buques noruegos sin generar derecho a pensión ni en el país nórdico ni en España, ha regresado a las calles para exigir que Noruega les reconozca una prestación que les fue denegada por no tener residencia en su territorio, y para que España asuma activamente su defensa y presione a Oslo para que repare la que desde distintas instancias fue calificada de injusticia social grave.

El retorno a las calles sigue teniendo por objetivo que el Gobierno asuma la causa del colectivo e interponga una demanda interestatal contra Noruega ante el Tribunal de Estrasburgo por contravenir los derechos humanos y negar a este colectivo el derecho a pensión simplemente por no residir en su suelo, cuando un trabajador noruego, solo por tener esa nacionalidad, tenía derecho a pensión independientemente de si residía en Noruega o no. Y si esa reivindicación la han remitido a todas las instancias, tanto en España como en Noruega, ahora la han dirigido directamente al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en una extensa carta que el presidente de Long Hope, Juan Lores, y el portavoz del colectivo, Alberto Paz, entregaron en la delegación del Gobierno en A Coruña, delante de la que ayer se manifestaron durante una hora.

En esa misiva, Long Hope informa a Rajoy de que a principios de abril comenzará en Oslo el juicio promovido por la asociación para tratar de reparar la situación de desamparo legal en el que se encuentran quienes trabajaron en barcos noruegos antes de 1994 -a partir de esa fecha Noruega ingresó en el Espacio Económico Europeo y ya reconoció los derechos de los españoles-. Le explican asimismo que han seguido esta vía, la de la demanda particular, más lenta y gravosa para los afectados, porque el Estado «renunciou a interpor unha demanda interestatal» a pesar de que así se lo había reclamado el Parlamento de Galicia.

Obligación legal

Pero aunque ya han iniciado la batalla por su cuenta, siguen batallando para que España asuma «a responsabilidade de defender a quen no seu día foi emigrante». Porque no se trata de una obligación moral del Estado, sino algo a lo que está obligado por la Constitución, cuyo artículo 42 obliga al Estado a «velar especialmente pola salvagarda dos dereitos económicos e sociais dos traballadores españois no estranxeiro». Un artículo, el 42, muy olvidado, pero que Long Hope quiere refrescar a Rajoy. Y decirle, de paso, que la demanda interestatal es una buena manera de defenderlos.

Valoran si protestar en Noruega el 1 de mayo o hacerlo el 17 en Alfaz del Pi

Que de los 10.000 exmarineros españoles jubilados sin pensión unos 8.000 sean gallegos se nota en que hasta la acción reivindicativa está cargada de retranca más que de simbolismo. A Coruña abrió ayer el calendario de movilizaciones del año. Madrid, en cuanto se debatan las iniciativas presentadas en el Congreso y en el Senado para defender su causa, también recibirá su visita. Después, representantes del colectivo se trasladarán a Oslo, para hacerse notar durante los días de abril en los que se celebre el juicio. Pero el siguiente escenario está todavía en dudas. Long Hope valora si desplazarse a Oslo para acudir a la manifestación del Primero de Mayo o esperar al día 17 de ese mes y hacerlo en Alfaz del Pi.

¿Que qué tiene que ver ese pueblo valenciano con Long Hope y su causa? Pues que allí está establecida la segunda colonia más importante de noruegos fuera del país nórdico tras la del Reino Unido. En torno a 12.000 súbditos del rey Harald celebran cada 17 de mayo su fiesta nacional. «E por que non celebrala con eles, todos xuntos. Nós estivemos traballando en Noruega sen dereito ningún e eles residen aquí... ¿sen dereitos tamén?», ironiza Alberto Paz.

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