Mar prefiere argumentar contra la clave de reparto de cupos que ir a los tribunales

Si de algo están convencidos tanto la Administración gallega como el propio sector pesquero es que muchos de sus males se derivan de estas palabrejas: principio -para algunos- o criterio -para otros- de estabilidad relativa. Es el eufemismo que Europa emplea para el blindaje de esa clave de reparto de cuotas pesqueras entre países que se fijó en 1983, antes de entrasen en el club potencias pesqueras como España y Portugal. Esa estabilidad relativa se ha revelado como fuente de «contradiccións, desaxustes, incoherencias e ineficiencias na aplicación da política pesqueira». Ahí están los 180 millones de euros que, según la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), la flota española perdió de ingresar en siete años al dejar de pescar un millón de toneladas que le sobraban al resto de los socios. Y el reguero de embarcaciones que se han ido al desguace.

Ahora bien, los puntos de vista difieren a la hora de cómo atacar esa clave de reparto. La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) no ha titubeado ni un momento y ha ido directamente al Tribunal de Luxemburgo con un recurso de anulación. Y ha salido de las jornadas de trabajo que ayer concluyeron en Teo reforzada en su convicción de que esa vía jurídica que ha emprendido, y que no ataca directamente la estabilidad relativa, será efectiva para conseguir más cuota para España.

Pero la Administración no es tan optimista. Ni siquiera otros representantes del sector lo ven tan claro. Ven más factible modificarla que tumbarla. Así, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, es más partidaria de dejar hacer a la nueva política pesquera que ir a los tribunales: «Creo que neste momento o máis importante non é pelexar contra a estabilidade relativa, senón argumentar diante da UE que a nova reforma da política pesqueira común veu de algunha maneira a cambiar as regras de xogo ao prohibir os descartes».

Apuros para cumplir las normas

Esto es, que a los 28 no les va a quedar otra que alterar ese blindaje del 83, porque tendrán los mismos problemas que España para disponer de cupo con el que cumplir la obligación de desembarcar todas las capturas, sobre todo ahora que el cambio climático ha cambiado la distribución espacial de las especies.

De modo que la apuesta de Mar pasa por abrir un frente de trabajo para aprovechar al máximo las cuotas transferibles, los intercambios, las exenciones de mínimos, las compensaciones interanuales o el establecimiento de rangos de TAC (totales admisibles de capturas) en lugar de cantidades cerradas. Todo antes que volver a desplegar la cohorte legal que no ha dado más que resultados estériles, según la Xunta.

Eso sí, Mar subraya la necesidad de dotarse de argumentos socioeconómicos y ambientales sólidos en esa tarea de modificar la estabilidad relativa y de dotarse de una estrategia jurídico-normativa firme. Y, sobre todo, se precisa unidad. Unidad de sector, Administración y científicos, que actúen como un lobby ante las instituciones comunitarias.

Unidades específicas

Otra sugerencia para alterar la clave de reparto la puso sobre la mesa Torcuato Teixeira, secretario xeral de Pescagalicia. Propuso que para la xarda y el jurel se creasen unidades de población específicas, con TAC específico para el Cantábrico y las aguas atlánticas gallegas. Es un vía que ya han explorado otros países del norte y que bien se podría adaptar a España, aunque se necesita ayuda de los científicos.

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