El PP trata de frenar desde Galicia el probable veto europeo al arrastre

Por si no fuese suficiente la intimidación de la Comisión Europea, el Consejo ha venido a apuntalar la amenaza que se cierne sobre el arrastre de fondo en aguas comunitarias al presentar una propuesta -que cuenta con el beneplácito de los 28- que plantea la prohibición de ese arte de pesca en fondos superiores a 800 metros. Huelga aclarar que esa unanimidad incluye el consentimiento de España. Un visto bueno que ha dejado boquiabiertos a los representantes del sector, pues, según Javier Garat, secretario general de Cepesca, el Gobierno siempre se había mostrado de su parte. Esto es, frente a una prohibición generalizada e indiscriminada como la que sugieren esas instituciones europeas, eran partidarios de defender la congelación de la huella del arrastre -es decir, confinar ese aparejo a sus áreas de trabajo actuales-, regular su actividad y prohibir su empleo en hábitats vulnerables, tras una identificación previa de cuáles son esas áreas.

De ese quiebro dado por el Ejecutivo español se ha desmarcado el PPdeG, que trata desde Galicia de escapar al influjo de esa corriente a favor del veto al arrastre con una iniciativa en el Parlamento gallego en pro de esa flota. Suscrita por el portavoz popular de Pesca, José Manuel Balseiro, la moción rechaza la prohibición genérica «que non se sustenta en criterios científicos» y reclama un «modelo variable que se adapte á realidade e vulnerabilidade dos espazos obxecto de aproveitamento pesqueiro», para lo que habrá que realizar «traballos de cartografado dos fondos mariños en todo o Atlántico».

Barcos afectados

Balseiro, que calcula que se verían afectadas unas 250 embarcaciones que faenan tanto en Gran Sol como en el litoral del Cantábrico, mostró su desacuerdo con el apoyo español a la prohibición al arrastre. Una desaprobación que, en el caso del sector, es abierto malestar al que ahora sucede la preocupación, pues el colectivo da prácticamente por hecho ese veto al arrastre. Pero lo peor no es esa prohibición en los 800 metros: «Es que, una vez introducida una cifra, una profundidad, va a ser muy fácil rebajarla hasta generalizar el veto», explica Iván López, presidente de la asociación de bacaladeros de Agarba. Y más sencillo todavía puede ser extender esa prohibición al resto de las aguas de la NEAFC (Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental), algo por lo que ya están jaleando varios grupos ecologistas. Una ampliación que, aclara Javier Garat, solo afectaría a los barcos comunitarios, que quedarían en clara desventaja con noruegos, rusos, islandeses y otras banderas que faenan en el marco de esa organización regional de pesca (ORP).

No cesa ahí el posible efecto dominó que puede tener el resultado de la negociación que ahora mantienen en trílogo Comisión, Parlamento y Consejo. El debate se abre en la antesala de la reunión que la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrará en agosto para revisar los avances habidos desde el 2011 en la protección de los ecosistemas vulnerables. Y a la que los conservacionistas podrían acudir envalentonados por esa hipotética prohibición que dicte Europa.

La marcha atrás de Francia

La única señal alentadora que ha visto el sector del arrastre en estos días es la marcha atrás de Francia en la prohibición del arrastre a más de 800 metros, pues el pleno tumbó el acuerdo adoptado en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, en una decisión con la que se adelantó a la misma Unión Europea.

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