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La investigación a Vidal Armadores eleva a ocho los imputados, seis ya arrestados

Los acusan de pesca ilegal, organización criminal, blanqueo y falsedad documental

Ribeira / La Voz, 09 de marzo de 2016. Actualizado a las 18:04 h. 20

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Los responsables de la empresa de Ribeira Vidal Armadores llevaban al menos cinco meses en el ojo del huracán por una investigación internacional dirigida por la Interpol. Indagaba sobre su presunta participación en un delito relativo a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente por pescar merluza negra (una de las múltiples denominaciones de la especie protegida Dissostichus eleginoides) en la Antártida. Las numerosas y variadas pruebas recopiladas en ese tiempo permiten a los responsables de la investigación -bautizada Yuyus y coordinada en España por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a través de su órgano central, la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma)- elevar a seis los detenidos e imputar a dos personas más en el caso.

Entre la media docena de arrestados figuran cinco miembros de la familia Vidal. Se trata del patriarca, Antonio Vidal Suárez, Tucho el Coyo, y sus tres hijos, Toño, Ángel y Belén. A esta lista habría que añadir, según algunas fuentes, al yerno de Tucho, Joaquín Manuel Pérez Mariño, y a una sexta persona vinculada laboralmente a Vidal Armadores que ejercería una actividad de contabilidad. Los otros investigados (término que en la última reforma del Código Penal sustituyó al de imputado) serían Manuela Pego Sampedro, esposa de Tucho el Coyo, y Ramón Vicente Serafín Vidal, trabajador de este grupo empresarial afincado en Ribeira.

La Audiencia Nacional, que instruye esta causa en su Juzgado de Instrucción número 3 y ordenó el secreto de las actuaciones, tiene previsto tomar declaración hoy a los arrestados en el marco de la operación Yuyus, además de a otros imputados. La jueza Carmen Lamela será la encargada de tomarles declaración.

Los cargos que le imputan

Los agentes del Ucoma, que llevan meses haciendo incursiones desde Madrid en la comarca de Barbanza para vigilar de cerca la actividad de Vidal Armadores, acusan a los encausados del ya citado delito medioambiental, de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. La operación Yuyus, aunque no está cerrada oficialmente, parece estar encauzada para el Ucoma y la Interpol. Algunas fuentes indican que los agentes ya tenían abundantes pruebas antes de hacer los registros del lunes en Ribeira, Boiro y A Coruña y llevar a cabo las detenciones, que sirvieron para cerrar el operativo. Las mismas fuentes no descartan que el dispositivo tuviera continuidad en el día de ayer en algún punto de Galicia.

Lo que sí se produjo fue el traslado de los detenidos desde la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña (donde pasaron la noche) hasta Madrid.

Vehículos incautados

Mientras, en Ribeira, diferentes vehículos de la familia Vidal fueron requisados en el marco de esta operación policial. Algunos fueron vistos ayer en el perímetro de un cuartel de la Guardia Civil de Barbanza y otros, según parece, están confiscados en un garaje de Ribeira a la espera de que la Audiencia Nacional determine qué se hace con ellos.

La mayoría de estos turismos son de alta gama, y entre ellos figuran uno de la marca Bentley con el que se podía ver, con frecuencia, a Tucho el Coyo circulando por su localidad de residencia, Ribeira.

El «Songhua» y el «Yongding» son ahora el «Zemour 1» y el «Zemour 2», de Mauritania

Vidal Armadores de siempre ha estado señalada como una de las principales actoras de la pesca pirata en la Antártida. Mítica es la persecución a la que sometió la Armada de Australia al Viarsa, donde el acrónimo de la casa armadora de Ribeira pocas dudas dejaba sobre la propiedad del pesquero, aunque sobre el papel estaba operado por una empresa uruguaya. Y aunque la compañía fue condenada en ocasiones, no faltan tampoco los casos de los que salió absuelta, verbigracia el del Viarsa. Pero el endurecimiento de la legislación contra la pesca ilegal por parte de los Estados ha ido estrechando el cerco sobre los free riders de los océanos y poniendo cada vez las cosas más difíciles a aquellos que no se apearon del negocio, que si antes se movían a sus anchas por las fronteras de la legalidad y las lagunas que la Justicia dejaba, ahora están cada vez más constreñidos tanto en el plano de la actividad extractiva como a la hora de comercializar sus capturas.

Así las cosas, las últimas actividades del Yongding, el Songhua y el Kunlun, avistadas por Nueva Zelanda y Australia y hostigadas por los activistas de la organización ecologista Sea Shepherd, han sido determinantes para acorralar al clan de los Coyos, como conocen en Ribeira a la familia Vidal.

Satisfacción en verde

De hecho, las agrupaciones ecologistas fueron ayer las primeras en manifestar su satisfacción por el golpe a la pesca pirata. Sid Chakravarti, capitán de una de las embarcaciones de Sea Shepherd, festejó que por fin se empiece a actuar por donde arranca la pesca pirata en el Antártico, por los armadores. Chakravarti fue uno de los protagonistas de la lucha de los ecologistas contra los Seis Bandidos, de los que tres se vinculaban a Vidal Armadores. El Kunlun fue arrestado hace un mes en Senegal. El Yongding y el Songhua continúan en Cabo Verde y tienen ahora una nueva denominación. Son el Zemour 1 y el Zemour 2 y han cambiado el pabellón de Guinea Ecuatorial por el de Mauritania. Oceana y Greenpeace también han mostrado su satisfacción por el apresamiento de los armadores. Es más, Greenpeace asegura que ya denunció las actividades de Vidal ante la Audiencia Nacional en el 2009. Y es que la organización lleva años investigando a Vidal Armadores, constatando que, desde 1999, sus barcos fueron detenidos en 11 ocasiones, tres buques fueron confiscados y recibió multas por valor de tres millones. Pese a todo, la firma recibió 16 millones de euros en subvenciones.

El operativo se precipitó por filtraciones a la familia

El amplio despliegue policial que se vivió el lunes, principalmente, en Ribeira y Boiro, y, en menor medida, en A Coruña, tuvo que ejecutarse antes de la fecha prevista por los agentes. Y es que, según informaron fuentes cercanas a la investigación, la familia Vidal habría recibido el soplo de que la Guardia Civil, a través de una unidad con base en Madrid, estaba investigando tanto su presunta participación en la pesca ilegal de merluza negra en la Antártida como su posible implicación en delitos fiscales.

De hecho, la Guardia Civil, a través de una orden judicial, solicitó información sobre las cuentas bancarias de Vidal Armadores a una sucursal gallega de una entidad financiera. Esa petición, comunicada por el banco al titular, habría puesto sobre aviso a los armadores. Al mismo tiempo, el Ucoma era consciente de que la familia Vidal sabía que estaba siendo investigada a través de diferentes pruebas, como las escuchas telefónicas autorizadas por el juzgado instructor. Es más, el mismo propietario de la empresa, Antonio Vidal Suárez, no habría tenido reparo alguno en comentarlo delante de los agentes que registraron su oficina de Ribeira por espacio de siete horas.

Algunos vecinos, que residen en las inmediaciones de las dependencias ribeirenses, explicaron ayer que hace unos días se vieron varios vehículos, propiedad de la familia Vidal, en los que se introducían cajas procedentes de la oficina, algo que podría estar vinculado con la filtración.

Errores de forma

La actitud mantenida por el patriarca de Vidal Armadores en dicha inspección sorprendió a más de uno. Tucho el Coyo manifestó abiertamente su parecer sobre otra investigación realizada en el 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que vincula a su empresa con la pesca ilegal en aguas internacionales. Según detalló este armador, el proceso no tendrá recorrido por errores de forma.

Antonio Vidal Suárez habría mantenido idéntico comportamiento al explicar, en presencia de los agentes del Ucoma y de la Interpol, que no cometió ningún delito medioambiental por pescar en la Antártida. Según la versión que habría facilitado el empresario, el convenio de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida que prohíbe esta práctica solo obliga a los países firmantes del mismo. Por eso, sostiene que no es imperativo para un barco que lleve bandera de un Estado que no ha secundado el tratado.

El registro de Ribeira habría servido también para que este armador hablara del funcionamiento de la lonja de Santa Uxía.

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